En ocho días, 26 personas murieron en trágicos accidentes sobre la carretera 200 Guadalajara-Puerto Vallarta, lo que desata nuevas interrogantes sobre el tortuoso camino que ha seguido la tan prometida “vía corta” a Vallarta, pero también sobre el tipo de vehículos pesados que literalmente atropellan todos los reglamentos al circular por las carreteras del país.
En el caso de la autopista, que en teoría permitirá —cuando se termine— reducir a menos de tres horas el trayecto entre la capital del estado y su principal destino turístico, comenzó la obra en 2012, y según las estimaciones de las autoridades federales estará concluida en 2024 con lo que sumaría 12 años en su construcción.
Fue otorgada una parte de la concesión a la empresa IDEAL, filial del Grupo Carso de Carlos Slim, y aunque el empresario ha sido siempre un fiel aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019 fue motivo de una amenaza del primer mandatario, quien dijo textualmente que la empresa lleva diez años con la concesión para hacer la autopista y no muestra ningún avance, “se acabó, o trabajan y terminan o se les quita la concesión”.
Pero el Grupo Carso mediante un comunicado respondió que se había avanzado en algunos tramos y los que faltaban, tenían que ver con la liberación de derechos de vía y permisos ambientales… que el gobierno federal no había entregado.
Hoy la autopista ha avanzado en dos de sus tres frentes. De Jala a Compostela, de 54 kilómetros, que entró en funcionamiento en 2017 pero con cierres intermitentes por desperfectos, deslaves y accidentes.
La segunda parte es del punto conocido como El Capomo a La Florida, un recorrido de 23.6 kilómetros que comenzó a operar en diciembre de 2022. Es decir, que pasaron cinco años del primer tramo para habilitar otra sección.
Y el más reciente puesto en marcha el primero de marzo de 2023, es el de La Florida a la Cruz de Huanacaxtle, con 30.8 kilómetros.
El tramo que falta es de 31 kilómetros que conectaría a Compostela con Las Varas, una zona de montaña con peligrosas curvas, que ha sido escenario de numerosos accidentes, incluido el del camión que cayó a un barranco el 30 de abril con saldo de 18 muertos.
Y todavía faltaría una última parte que vendría a aliviar el “cuello de botella” que es cruzar por Bucerías, Mezcales y Nuevo Vallarta antes de llegar a Puerto Vallarta.
Es una porción de 32 kilómetros de San Vicente-Bucerías y hasta el aeropuerto.
Otro ángulo que revela el riesgo que se padece cada día en las carreteras del país, tiene que ver con las unidades que circulan en ellas y la poca supervisión de las autoridades para que se ajusten a la norma.
El camión que cayó al barranco donde murieron 18 personas y 30 resultaron heridas, tenía 13 años de haberse fabricado y ya no tendría que estar en funcionamiento, pues el reglamento federal del Autotransporte señala que sólo tienen 12 años de vida útil.
Y el camión que la madrugada de este lunes 8 de mayo se fue a otro barranco en la autopista Jala-Compostela, era un pesado vehículo de carga que transportaba desde Puebla, plantas… y personas, en abierta contradicción al Reglamento de Tránsito en carreteras federales, que prohíbe llevar “pasajeros” y establece severas sanciones.
Pero como muchas cosas en México, esta legislación es olímpicamente ignorada, aunque es un derroche de monerías.
El reglamento define los vehículos, el peso, el tipo de luces, la carga “repugnante” o de mal olor, límites de velocidad de día y de noche, el tipo de claxon que debe escucharse a 60 metros, pero también sanciona a los vehículos que hagan ruido molesto.
Y en el colmo de la firmeza —aunque no aclara como supervisa esto—, el reglamento de tránsito en nuestras carreteras, establece en su artículo 94, para conductores, pasajeros y hasta peatones, la prohibición de defecar en las vías federales.
