Se leen y escuchan comentarios acerca de la “pulcritud” y la “gran argumentación y fundamentación” del emplazamiento de Ismael El Mayo Zambada al gobierno mexicano.
Es todo lo contrario porque dice:
“…fui privado de mi libertad en territorio nacional, mediante coacción física y engaños, posteriormente fui trasladado de manera coercitiva desde territorio mexicano hacia Estados Unidos de América por un particular mexicano, sin autorización de las autoridades mexicanas sin cumplir ninguno de los Estados (gobiernos) con los procedimientos legales establecidos en los siguientes instrumentos legales aplicables al caso concreto”.
Y cita la Convención de Viena sobre relaciones consulares, la Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución mexicana y la Ley de Migración para apoyar su exigencia, pero en el párrafo transcrito El Mayo perdió lo que buscaba.
“… el secuestro transfronterizo de mi persona es una infracción grave a este acuerdo bilateral (¿cuál?), que de ser incumplido trastocaría de manera peligrosa la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues conculcaría de manera directa el principio de reciprocidad internacional. Es decir, en caso de ser juzgado en Estados Unidos de América, mi caso puede constituir un punto de fractura en la relación en materia de cooperación de impartición de justicia entre México y Estados Unidos”.
Lo que denuncia es un secuestro particular, no una “privación de la libertad” a manos de autoridad alguna y “sin autorización” de la mexicanas, con lo que exime a ésta de toda responsabilidad (inclusive a las agencias estadunidenses).
¿Por qué supone que el gobierno mexicano cometa la insensatez de avalar su secuestro y traslado a EU ejecutados por un delincuente particular?
Es absurdo reclamarle a México (o a EU) cuando enfatiza que ninguno de los dos cumplieron “los procedimientos legales”. En este sentido, El Mayo no tiene cómo sustentar la petición de ser “repatriado” y menos exigirle al gobierno cuatrotero realizar la gestión porque no son aplicables los tratados y disposiciones que invoca.
Lo que México no puede eludir es investigar el secuestro, pero no tendría razón ni facultad para reclamar a EU la ejecución de una orden de aprehensión contra un individuo que virtualmente “le cayó del cielo” ni negarle a éste la asistencia consular a que cualquier mexicano tiene derecho.
Debe y puede, eso sí, apoyar su defensa cuando menos para que no se le aplique la pena de muerte.
Mayor es el problema de explicar la relación de morenistas eminentes con el bufete de abogados de Zambada.
Lo principal es que El Mayo amenaza con decir cosas que, ciertas o falsas, “colapsarán” la relación bilateral México-EU porque involucrará en el narcotráfico a políticos y gobernantes mexicanos, entre ellos y de manera muy especial a lopezobradoristas tan prominentes, como se ve en las fotos que desde ayer circulan, la presidenta Claudia Sheinbaum…
