Es comprensible que el nuevo sistema penal acusatorio, basado en la presunción de inocencia, sea difícil de entender y aplicar, inclusive para muchos jueces, fiscales y defensores.
Lo inexplicable es que algunos diputados y senadores, en cuyo ámbito se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, promuevan medidas que atropellan los derechos humanos fundamentales.
En Reforma de ayer, por ejemplo, el senador Fernando Herrera, coordinador de la bancada del PAN, pidió “castigar en México” a Emilio Lozoya, señalado en el extranjero de recibir un soborno de diez millones de dólares de Odebrecht, y el diputado morenista Vidal Llerenas opinó que el ex director de Pemex debiera ser detenido y estar ya declarando ante la PGR.
Otro senador del PAN (partido con aureola legalista), Francisco Búrquez, sugirió en el mismo diario: “Hay elementos para que el Presidente le ordene a su procurador (¿ignora que fue ratificado por el Senado?), que le obedece, que investigue abiertamente. Debería estar en la cárcel...”.
Ávidos de linchamientos, la legalidad es lo de menos para estos legisladores de pacotilla.
