Más allá de interpretaciones legales y posiciones políticas, la inquietud presidencial sobre la prisión preventiva oficiosa y lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia es lógica y legítima:
“Si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo”.
Fundamenta su preocupación:
“No se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes”.
Y mantiene su confianza:
“No creo, la verdad, que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución”.
Enfatiza:
“No pueden quitar algo que está en la Constitución...”.
Incomprensible resulta, por eso mismo, que se entrometa (mañanera de ayer) en el Poder Judicial, y no para ejercer su derecho a comentar algún fallo específico sino para sentenciar una suposición ideológica porque, de echarse abajo esa modalidad de condena anticipada, “ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el supremo poder conservador”.
Su conclusión implica que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cualquier acto de autoridad que califiquen los ministros responde a convicciones de carácter político, pero no solo sino, además, sentimental:
“La diferencia que tenemos con ellos es que no se les da mucho el apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo (…). No le tienen amor o no le tienen tanto amor al pueblo…”.
Como los motivos de la conducta son inescrutables, imposible medir o cuantificar el amor (¿quién de sus maridos amó más a María Félix: Enrique Álvarez Alatorre, Agustín Lara, Jorge Negrete o Alexander Berger?).
Pero en cuanto al “principio del equilibrio y la separación de poderes” a que apela el Presidente, ¿cómo comprender su abierta intromisión en el “equilibrador” Poder Judicial con lo que profirió (viernes reciente) sobre los cuatro juristas que promovió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf?:
“Me equivoqué porque hice (las) propuestas pero, ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos…”.
Ojalá que así sea y se los reconociera porque su papel no es otro que velar por el cumplimiento de lo que mandata el documento jurídico de mayor valor que tenemos los mexicanos: la Constitución.
Para “pensar”, pero sobre todo para trabajar su “proyecto de transformación”, están sus subordinados, a quienes demanda “lealtad a ciegas” y prefiere “90 por ciento de honestidad y diez por ciento de experiencia”, lo cual sería repugnante en servidores públicos de Poderes distintos al suyo.
Tal incondicionalidad, por cierto, es la nada equilibradora de sus lacayos en la Cámara de Diputados que, pasando sobre la Constitución, palomearon la transferencia de tres cuartas partes del personal de la Guardia Nacional al Ejército…
