Indignada, la mayoría de consejeros cuyos criterios desprecia Rosario Piedra Ibarra condena el respaldo lacayuno en que la señora empinó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para militarizar la seguridad pública mediante la absorción de la Guardia Nacional por el Ejército.
De los diez consejeros consultivos, ocho manifestaron, con toda oportunidad, que debiera interponerse una acción de inconstitucionalidad, pero ella los ignoró.
Recuerdan que la iniciativa viola el Artículo 21 constitucional que mandata: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”.
Sin embargo, en cuanto fue aprobado por la mayoría diputadil el endoso de la corporación ex “civil” a la Defensa Nacional, la CNDH aplaudió la decisión arguyendo “la situación de violencia que aqueja al país (…), siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad…”.
Ajá.
Precisamente para la excepcionalidad es que la Constitución faculta al comandante supremo de las fuerzas armadas a imponer el indeseable estado de excepción (suspensión de las garantías individuales cuando la población esté en riesgo, por ejemplo en ciudades, localidades y regiones de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán o Guerrero), pero la mezcla de cálculo político y cobardía ha hecho que ningún presidente (de Alemán a López Obrador) haya tenido la osadía de decretar.
Antes de que el Senado hiciera la selección y nombramiento de nueve integrantes del ignorado “consejo consultivo”, en éste solo había una consejera: Rosy Laura Castellanos, quien fue recompensada por Piedra con la titularidad del Centro Nacional de Derechos Humanos por avalar, ilegal y fraudulentamente, las reformas que la presidenta quiso hacer al reglamento interno para gozar de mayores facultades, entre éstas reabrir expedientes de queja concluidos (como los casos Iguala y Colosio).
Ignoro por qué no firma la protesta María del Rosario Torres Mata, pero estos son los consejeros firmantes: Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Gloria Ramírez Hernández, Georgina Diédhiou Bello, Ángel José Trinidad Zaldívar y Mauricio Ignacio Ibarra Romo.
Quieren hacer “del conocimiento del pueblo, de las víctimas pasadas, actuales y potencialmente las futuras víctimas”, que “en su momento aconsejamos y propusimos a la presidencia de la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia”, por lo que lamentan que la Comisión desconsidere el marco constitucional y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México.
“Como firmes convencidos del impacto negativo que la propuesta aprobada podrá tener en los derechos humanos”, dicen, apoyarán las iniciativas ciudadanas encaminadas a revertir la reforma y sus consecuencias, así como acompañar a las potenciales víctimas y personas agraviadas que resulten de esta desafortunada decisión…”.
