El papa Francisco, realizó su primera visita a Lampedusa en 2013 como símbolo de compromiso con la condición de los migrantes del planeta. A partir de entonces no ha dejado de denunciar las violaciones alarmantes a los derechos de los migrantes. En su visita a México en 2016, marcó claramente su distanciamiento con Donald Trump, declarando: “Una persona que piensa sólo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano. Esto no está en el Evangelio”.
Un polo importante de desencuentro entre la Iglesia católica y el gobierno es la política migratoria. El endurecimiento mexicano ante los centroamericanos, conlleva atropellos y violaciones a los derechos humanos. Roma y los obispos mexicanos desaprueban las excesivas concesiones a la arrogante política de Donald Trump. Francisco se la ha jugado por los migrantes desde el inicio de su pontificado y ha recibido contundentes críticas de los países europeos.
En septiembre de 2019, el episcopado mexicano cuestiona frontalmente la política migratoria de la 4T. En un documento titulado “La dignidad del migrante” señala preocupación por la falta de acogida humanitaria a migrantes centroamericanos y una “política migratoria efectiva pues se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno norteamericano aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar, buscando la oportunidad de una vida mejor”.
El episcopado mexicano condena la militarización como recurso para contener la migración. Sin embargo, contrasta con la postura del pastor Arturo Farela que reconoce un gobierno rebasado y anuncia que habilitó 50 templos pentecostales tan solo en Tapachula como refugios migratorios entre septiembre y diciembre de 2019 atendiendo más de 20 mil migrantes. Las posturas contrastan. Los católicos críticos de la política pública, mientras las Iglesias pentecostales colaboracionistas, apoyan al gobierno, constituyendo, según Farela, “un ejército de la Cuarta Transformación”. Y pone a disposición de AMLO los 7 mil templos que tiene en todo el país. ¿Farela blofea? ¿Realmente está auxiliando la política migratoria del gobierno? ¿Utiliza recursos gubernamentales? ¿Cuánto cuesta cobijar a 20 mil personas?
Las Iglesias tienen todo el derecho del apoyo humanitario a los migrantes centroamericanos. Si es en el ámbito de su competencia, se les agradece. Si su labor la realizan con recursos públicos habrá que hacer muchas precisiones. Llama la atención la incapacidad de un gobierno desbordado que debe recurrir a las Iglesias. Si Farela ejerce política pública es un grave dilema pues, para solventar la crisis humanitaria, se transgreden principios básicos de la laicidad que tanto hemos discutido en estos días.
