El mayor escándalo de corrupción electoral en el país, en los inicios del siglo XXI, fue en el Estado de México. El caso se llamó “Cartonera Plástica”, es decir, el nombre de la empresa imputada.
A dos meses de la elección donde contendía Peña Nieto a la gubernatura del Estado, estalla un mayúsculo escándalo político encabezado por el cacique electoral Bernardo García Cisneros que inculpaba a diferentes consejeros del IEEM en actos de corrupción que habría desplegado la empresa en cuestión
El Consejo General del IEEM, en su sesión del 18 de marzo de 2005, instruye al comité único de adquisiciones convocar a una licitación pública para adquirir materiales electorales. Ésta lo ejecuta con amañada convocatoria favoreciendo a Cartonera
Se desecha a Servicios, Asesorías y Materiales Electorales por no contar con los 5 años exigidos de experiencia y a Formas Finas por no contar con el capital contable equivalente de su propuesta al 60%. Por filtración aportada por Formas Finas, en la sesión Consejo general del 12 de mayo el representante del PRD, Ricardo Monreal, cuestiona al Consejo por irregularidades. Contaba con información y pruebas de que un grupo de consejeros se llevaría 3 millones de pesos si votaban la propuesta.
En la prensa se afirmaba que el instituto había adjudicado una licitación dudosa de materiales electorales con un sobreprecio de 43 millones de pesos. Después se confirmó que la cifra fue muy superior
Dirigentes nacionales del PAN y del PRD pedían la destitución de los consejeros y la realización de una auditoría. El entonces secretario de gobernación, Santiago Creel Miranda, insinúa atraer el caso porque no había voluntad para resolver la crisis ni deslinde de responsabilidades. Todo se decanta finalmente con rapidez.
A 40 días de la jornada electoral para gobernador, se elige un nuevo consejo en el IEEM. Por primera vez no estaba dominado por el PRI.
El escándalo adquirió dimensiones descomunales. Nadie de la clase política mexiquense quería involucrarse y otros querían hundir más la credibilidad del IEEM para descarrilar una elección cargada. Por fin, la Junta de Coordinación Política del Congreso asumió la responsabilidad de intervenir. A 20 años, debemos recordar que solo hubo sanciones administrativas a funcionarios menores del comité de adquisiciones. Los consejeros se fueron impunes con una jugosa indemnización. Ahí quedó la impunidad en un expediente olvidado en el Congreso.
El evento no debe ser olvidado, aún pulsan tentaciones como ocurrió en 2023 con el caso Akita.
