La última sesión del consejo general del IEEM estuvo salpicada por la desconfianza. Sobre el registro de dos candidatos independientes las intervenciones eran completamente polares. Mientras los partidos reprochaban a la autoridad electoral carencia de exhaustividad y certeza, varios consejeros se felicitaban por cómo el instituto había resuelto el proceso en tan poco tiempo. Mientras los representantes demandaban certidumbre en el cotejo de firmas en las cédulas de respaldo, varios consejeros señalaron que no estaban en la obligación de hacerlo. La consejera Pérez Hernández aventuró que "no era procedente" implementar algún mecanismo para verificar la autenticidad de la firma. Natalia olvidó que en convocatoria de noviembre de 2016, en la base sexta sostiene claramente: "la firma (de la cédula) deberá coincidir con la credencial para votar". El consejero Corona lamentó que el Tribunal Electoral haya exentado de cubrir el requisito de presentar la fotocopia de la credencial para por lo menos poder cotejar y que miles de cédulas fueron llenadas con la misma tinta y, al parecer, con la misma mano. El instituto pudo haber hecho más y no caer en la deriva.
Sin duda, el tema de los candidatos independientes es complejo. Se han convertido en una respuesta frente al fastidio ciudadano contra la corrupción de la clase política. Responde en general al descrédito de los políticos y en particular la crítica se centra en que hemos rebasado la autocracia de un solo partido a la autocracia colegiada de varios. Es decir, de la llamada partidocracia. Ningún partido escapa a la crítica ciudadana sobre el alejamiento con el pueblo al que representan. En contraste, las candidaturas independientes enfrentan dracónicos requisitos casi insuperables, disparidad en infraestructura y sobre todo de recursos. Es una tarea titánica presentar apoyos en firmas equivalentes a 3% de la lista nominal de electores, por lo menos de 328,7401 ciudadanos distribuidos en 68 municipios. Por ello, los tribunales han tratado de compensar favoreciendo los derechos e iniciativas ciudadanas. Lo delicado, en este caso, es que la calidad de los aspirantes es incierta, particularmente Isidro Pastor, con un pasado tormentoso como el principal operador político electoral del gobierno de Montiel.
El problema ahora es una moraleja peligrosa. Basta ir a Tepito, comprar una lista nominal y llenar a mano miles de cédulas. Así lo aseveró el representante priista Sánchez Millán. A un candidato le rechazaron 40 mil registros, seguramente compró una antigua versión en el mercado negro. ¿Qué pasaría si los independientes no rebasen el número de firmas? El asunto irá a tribunales.