La infraestructura juega un rol importantísimo en el desarrollo de los países, ya que impulsa la actividad económica, permite el intercambio de mercancías, incrementa la calidad de vida de la población y facilita su movilidad social. Además, es necesaria para llevar servicios básicos como acceso a agua potable, servicios sanitarios, electricidad y caminos rurales.
Invertir en infraestructura coadyuva la creación de empleos e incrementar la producción de bienes y servicios. Esto, se traduce en un impacto económico focalizado, y establece un círculo virtuoso de creación de empleos locales vinculados a la infraestructura instalada.
Dichos resultados, son importantes en la coyuntura para la recuperación económica poscovid, en donde la región de América Latina y el Caribe (ALC) ha sido afectada notablemente. Como consecuencia, las economías se han desacelerado causando la reducción de empleos que ha afectado mayormente a los grupos vulnerables de la población, particularmente las mujeres.
Ante esta situación, urge hacer intervenciones que faciliten la recuperación económica y ayuden a los grupos vulnerables a recuperar y aumentar sus niveles de bienestar. Esta inversión tiene varios efectos positivos además de facilitar una recuperación económica sostenible e inclusiva como lo estipula la Visión 2025 del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID); también ayuda a cerrar la brecha que tiene la región y facilita el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De acuerdo con estimaciones recientes del BID, las necesidades de inversión de infraestructura para alcanzar los ODS son de más de dos billones de dólares en esta década. Esto equivale a invertir anualmente cerca del 3.12 por ciento del PIB regional (unos 170 mil millones de dólares al año). De esos requerimientos 60 por ciento son en infraestructura nueva y el restante en mantenimiento y reposición de activos.
Cerrar la brecha de acceso y mantener la calidad de los servicios de agua y saneamiento, requiere inversiones anuales, en promedio, de 0.5 por ciento del PIB regional. En el sector eléctrico, se debe invertir anualmente 0.8 por ciento de su PIB para brindar acceso universal a la electricidad. Para el sector transporte, el cierre de brechas en infraestructura carretera, aeropuertos y transporte público supone una inversión anual de 1.4 por ciento de su PIB. Estos montos imponen un desafío, y para enfrentarlos sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la región, es necesaria la participación del sector privado. No obstante, hoy existen varias barreras que la dificultan.
Una primera barrera es el diseño de marcos legales. Una segunda barrera está relacionada con el bajo fortalecimiento institucional. Para atraer la participación del sector privado es necesario reducir el riesgo de la inversión mediante el fortalecimiento de las instituciones, la definición de un marco legal claro, el aprovechamiento de la capacidad de innovación y flexibilidad del sector privado.
Una tercera barrera es la falta de experiencia técnica y de gestión para identificar, priorizar y preparar proyectos de infraestructura. Se necesita tomar acciones para ampliar la cartera de proyectos, y mejorar la calidad de la preparación y bancabilidad de las estrategias de infraestructura, sobre todo en países de bajo ingreso.
Por último, una barrera más es el limitado desarrollo de mercados de capital nacionales, sumando la ausencia de mecanismos de financiación innovadores para la canalización del capital privado local a proyectos de infraestructura.
En el sector eléctrico, las subastas asociadas a contratos a largo plazo son un ejemplo de mecanismos eficaces para la atracción de capital privado. En el sector de agua y saneamiento, los esquemas de asociaciones público-privadas (APPs) toman especial importancia ahora que los países tienen niveles de endeudamiento altos. Los mecanismos innovadores de financiamiento son otro vehículo para la participación privada.
En conclusión, invertir en infraestructura es una pieza clave para una recuperación económica sostenible e incluyente, pues ha demostrado ser un factor para impulsar el crecimiento económico y la creación del empleo. Además, tiene la virtud de facilitar el cumplimiento de los ODS; en un contexto donde el cambio climático es una amenaza inminente, es necesario enfocar las acciones de inversión en infraestructura verde, sostenible y resiliente, y de esta forma descarbonizar las economías.
*Benigno López Benítez es vicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Este artículo fue coescrito con Ariel Yépez-G, gerente de infraestructura y energía.
