La semana pasada, Morena consiguió con su mayoría en el Senado que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (el Fondo Minero) fuera reasignado a gasto educativo.
El fondo se alimenta de un impuesto de 7% sobre las utilidades de cada empresa para todos los minerales extraídos, excepto cobre, plata y oro, donde es de 7.5% (en la nueva iniciativa sube a 8%).
A la fecha lleva recaudados 18 mil 285 mdp que llegaron a 212 municipios de 25 estados, impactando (según Sedatu) a 2.5 millones de personas que viven en zonas mineras. Las mayores aportantes son Grupo México y Peñoles (las dos principales productoras del país), seguidas por Frisco, Santa María de La Paz, Autlán, Agnico, First Majestic, Boleo y Torex.
Con esta decisión se pierde la razón principal por la cual se creó en 2014 este ‘impuesto minero’: regresar fondos directamente a las comunidades donde hay actividad extractiva para ser usados en infraestructura, salud, educación y sustentabilidad en este entorno. Hasta ahora, según la ley, se distribuía “62.5% a los municipios con explotación y obtención de sustancias mineras y 37.5% a la entidad federativa correspondiente”. A partir de ahora este impuesto se distribuye en 85% para la SEP, 5% a la SE para fortalecimiento de acciones al sector minero y 10% al gobierno federal para infraestructura.
“En este último monto no se precisa ni cómo ni dónde. A partir de ahora las comunidades mineras no podrán dirigir el dinero a obras prioritarias de infraestructura. Hasta ahora se hacían en consensos con los gobiernos estatales, federal, comunidad y mineras para decidir el uso más necesario de ese dinero”, me dice el consultor Raúl García Reimbert, quien tiene el registro de las más de mil 500 obras de infraestructura que se hicieron en estos 5 años en cada entidad.
La semana pasada la Cámara Minera de México (que reúne a 93% de las firmas del país) y otras entidades del sector emitieron un comunicado donde coinciden que su prioridad “es que estos recursos lleguen a las comunidades y municipios donde fueron generados, que permitan impulsar en conjunto con las acciones que en paralelo llevamos a cabo las empresas mineras para generar bienestar social y desarrollo de las comunidades mineras alejadas”. Lo mismo declararon los gobernadores de los principales estados beneficiados, como Zacatecas, Sonora, Durango, Guerrero y Chihuahua.
El 73% de la derrama de este fondo es para 30 municipios, siendo el más beneficiado de todo el país Cananea (Sonora). De hecho habían programado 52 obras por el orden de los 865 mdp, contando con los recursos a recibir.
Como el síndrome de la frazada corta (que tapa la cabeza para destapar los pies), esta reasignación solo quita beneficios a un sector para moverlos a otro, sin que siquiera el nuevo beneficiario —la SEP— haya presentado un plan completo de uso de este fondo, que solo para este año lleva recaudados 3 mil 200 mdp.
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@ba_anderson
