Para Agustín del Castillo
La idea original consistía en que una sola persona no detentara el poder entero, era más seguro partirlo en tres organismos que se miraran entre sí y se contrapesaran. Uno para ejecutar lo que haya de hacerse y perseguir a los malhechores; otro para redactar leyes, modificar las existentes y aprobar o desaprobar las cuentas públicas, uno más para impartir justicia. No ha funcionado. Si observamos el arreglo a lo largo de un siglo, la norma ha sido que el presidente dicte según su arbitrio; lo único ventajoso es que no puede regir más de seis años.
El esquema ha traído consecuencias nefastas: si el Ejecutivo dispone casi sin freno, los integrantes del Legislativo corresponden alzándose con la porción de dividendos que tienen a la mano y asimismo quienes encabezan el Judicial; no se balancean: son cómplices. Estas actitudes se han desparramado, ejemplares, hacia los gobiernos locales y los efectos del uso patrimonialista del poder los percibimos en la cultura cívica: olvidamos que formamos una república y es común topar con la creencia en que lo que necesitamos es un personaje protector que con su fuerza y voluntad cambie y mejore nuestras vidas. A pesar de esto nos afirmamos demócratas, no reconocemos que lo único que hemos elegido es la opción de cíclicamente restaurar nuestra fe laica en ese yo que se propone redimirnos, con la promesa de una transformación que se alineará con otras previas, históricas, o con la certeza de obrar una refundación regional; somos practicantes de una fe que se alienta con la oración jaculatoria: ojalá que, con éste, ahora sí (repítase cada tres o seis años, según).
Pero no faltan quienes al leer “república” abjuran de los redentores y apelan al nosotros que está formado por iguales y libres; para ellas y ellos el poder público es, debe ser, medio para que la igualdad, la libertad, el estado de derecho y el bienestar sean constantes y para usufructo de todas, de todos. Para estos tercos, los contrapesos que acotan a los autoritarios son instrumentos para salir de las múltiples crisis que padecemos por la pésima puesta en marcha del plan republicano; y señalan a la sociedad civil organizada y apuntan a ciertas universidades (a ciertos académicos) y a las comunidades autodeterminadas en las que la regla es mandar obedeciendo; también apelan a referentes internacionales para oponer resistencia a los excesos de los poderosos yoes nacionales, por ejemplo ante violaciones de derechos humanos; y hubo tiempos en que varios medios de comunicación representaban balancines efectivos porque no tenían empacho en exhibir la maldad, la deshonestidad y lo selectivo de la impartición de justicia.
No hemos llegado al extremo en el que quienes detentan el poder desestimen abierta y cínicamente la necesidad de los equilibrios, pero es más por la administración de dosis de simulación, que lleva el nombre rimbombante de gobernanza, que por la práctica de virtudes republicanas; la sociedad civil es consultada para ingerir en instancias del poder político; en aras de lo que mientan gobernabilidad, el poder económico tiene asientos en mesas en las que aparentemente el gobierno toma decisiones; el recambio del mando a través de las urnas es festinado y hacen figurar que toman muy en cuenta a los medios de comunicación, aunque subyazca la sospecha de que es más bien el ansia por influir en su derrotero. Fingimiento porque, al cabo, las cosas no mejoran: avanzan la pobreza y la exclusión, también la desigualdad y la corrupción; el acceso a la justicia y a la seguridad es, cuando más, tema electoral, y la calidad de los servicios públicos y la del medio ambiente acusan una aguda tendencia negativa. Entonces, ¿en verdad no estamos ya en el extremo en el que pocos deciden sin rubor sólo para su beneficio? Aún no, pero únicamente porque no dejan de actuar hombres y mujeres que aprecian la verdad y suelen conjugar los verbos a partir de la primera persona del plural.
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