Pobreza, terremotos, huracanes, desigualdad, inflación. Desconfianza en los gobiernos, en los partidos políticos, en los jueces, en los policías. Espacios públicos inseguros y el patrimonio y el alma en vilo; la temida temporada electoral, un acechante aumento a las gasolinas y un etcétera que abarca otros elementos de signo negativo que pueblan el paisaje nacional y lo tiñen de claroscuros; zonas de guerra, devastadas y una economía con dos vistas: una para mirar de ladito y presumirla ante el mundo y la cotidiana que vemos de bulto: pergeñada para el beneficio de no tantos. Y como fondo, el encono latente, ubicuo. Pero qué importa el estado de las cosas, como de la nada o como siempre: el gobierno de Jalisco anunció que elevaría la tarifa de la ruta troncal Artesanos, parte del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, de siete pesos a nueve.
Es sólo una ruta, un par de docenas de camiones que funcionan según una lógica distinta, en teoría mejor, que marca la posibilidad de acceder al estado ideal del transporte público: prepago, transbordos con el mismo boleto, accesibilidad, buen trato de los choferes, recorridos cómodos y seguridad; de una calidad tal que en un futuro cercano lleve a los usuarios de automóvil particular a considerar seriamente al camión y al tren ligero como posibilidad para desplazarse. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, por las evidentes condiciones económicas adversas para la población que se vale del transporte público, corresponde preguntar, ¿qué motivó al gobierno del estado a proponer el alza de la tarifa? ¿Cuál otro imperativo fue más intenso que el cálculo político de las condiciones sociales y que pensar en el beneficio de la gente del común para la que dos pesos de gasto extra por cada vez que se sube a un camión son una reducción considerable de su calidad de vida?
Podemos especular, por ejemplo, alrededor de un tema muy conocido: se impusieron, otra vez, los mandamases camioneros, que controlan y dominan según sus deseos. O desde la buena fe podríamos suponer que el modelo ruta-empresa ha resultado tan benigno que la manera de apurar el paso para que sea el único, es estimular al resto de los transportistas, vía la tarifa; pero la buena fe languidece ante las evidencia, suponer que esa ruta-empresa ya exhibió irrebatiblemente sus bondades va en contra de algunos sondeos que se han hecho con los usuarios de ese derrotero específico, Artesanos, asimismo hace sospechar el ofrecimiento del secretario de Movilidad: que para cobrar nueve pesos los rutaempresarios firmarán una especie de contrato para garantizar la calidad del servicio que prestarán, ¿qué, eso no estaba en la mismísima concepción de la ruta-empresa?
Algo que no conocemos movió esta pieza inoportuna en el tablero político, si no, cómo explicar que dos de los actores más visibles cuando se trata del transporte público hayan reaccionado en contra del incremento, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y el Observatorio de Movilidad; aunque todo podría ser más simple que deslizar la intromisión de ese “algo” ajeno a los intereses de la sociedad. Quizás el gobierno estimó que como la medida afectaría a una porción pequeña de ese 58% que según Jalisco Cómo Vamos se vale del camión para ir de un lado a otro en Guadalajara, la reacción adversa no sería considerable y en cambio ganaría quedar en posición de acelerar el cambio en el transporte público que el gobernador ofreció, al comienzo de este año, todos percibiríamos al acabar 2017, lo que al parecer debe pasar por una cuota más alta, es decir, por congraciarse con el clan de los camioneros. Será interesante atender la reacción de un gobierno que a últimas fechas dio muestras de sensibilidad ante la opinión pública; con todo y que de pronto deja la impresión de que una parte de él blande la espada contra sí mismo, otra lo coloca contra la pared y uno es el que, al menos con sus declaraciones, debe salir del intríngulis.
