Recuentos simples, a vuelapluma, de actos de gobierno de Andrés Manuel López Obrador; unos en los que ha tomado, sin más ni más, decisiones, apegado a sus ofertas de campaña, a sus convicciones y su personalidad; otro en el que merced a su talante demócrata posterga la resolución, antes quiere conocer la opinión de la gente.
Dispuso que entre el dinero federal que él administrará y las y los beneficiarios de programas sociales, haya un delegado por estado, cuya virtud es justamente que él los nombró; las instancias locales quedarán, a lo más, en calidad de adornos sospechosos. Ha nombrado atenido a su voluntad a buena parte de los integrantes de su gabinete. Decretó, sin más ni más, que a partir del 1° de enero de 2019, en la frontera norte el IVA sea de 8%, el Impuesto Sobre la Renta de 20% y los precios de las gasolinas, del gas y la electricidad valgan lo mismo que en el territorio contiguo de Estados Unidos. Resolvió dar continuidad, si los dos países socios del norte también quedan conformes, al Tratado de Libre Comercio. Hará un tren, cómo no, asociado con empresarios, seguramente neoliberales, que recorrerá 1,500 kilómetros en la península de Yucatán y anexas. Acordó en reunión privada con los miembros del Consejo Mexicano de Negocios, hasta hace dos meses representantes de la mafia del poder a la que erradicaría, hacer de México una potencia cuyo PIB crezca a un ritmo de 4% anual. Determinó que la patria requiere que él impulse la práctica del beisbol. Mandó el inicio de la diáspora de dependencias federales hacia distintos rumbos del país.
Mientras que en el lado de las decisiones que hacen brotar el talante democrático del presidente electo está el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAIM). El dictamen que él develó ayer establece, a grandes rasgos, que cancelar el proyecto vigente significaría un boquete de 100 mil millones de pesos, más un impacto negativo en los mercados financieros; una de las propuestas alternas, usar dos aeropuertos, el “Benito Juárez” y el militar de Santa Lucía (con dos pistas), genera divisiones, uno aseguran que no es viable, otros, chilenos, afirman que sí, y éstos proponen, para dirimir la desencuentro, hacer un estudio que cuesta entre 150 y 200 millones pesos, y tomaría cinco meses; esta selección tendría a su favor que en caso de un siniestro mayúsculo la capital contaría con dos aeródromos, que las operaciones con este modelo dual podrían iniciar antes, y con menos estragos para la ciudad y con un costo menor. La duda de López Obrador ante el NAIM no es pura necedad: en 2014 estaba cotizado en 169 mil millones de pesos, cuatro años después su importe está por duplicarse. Con los pros y los contras en la mano, económicos, financieros, técnico-aeronáuticos, legales, ambientales, sociales y políticos, López Obrador mandó el dictamen a Enrique Peña Nieto “para que lo pueda consultar”, publicó El Economista ayer, y para que de paso le ayude a “organizar una consulta ciudadana para conocer la opinión de los mexicanos”, en octubre; declaró ayer mismo que pedirá a los medios de comunicación que organicen mesas de debate al respecto, con datos, para que a la tal consulta los ciudadanos lleguen bien informados, quizá para que no lo vayan a despistar con silvestres opiniones viscerales, es mucho el dinero en juego, es mucha la seriedad del país y de sus instituciones la que quedaría en entredicho si las y los consultados se inclinaran por una alternativa que lleve a incumplir contratos, acuerdos y empréstitos internacionales.
Es curioso, para ciertos negocios López Obrador es muy seguro, llega a la iracundia si se le contradice; mientras que ante uno complejo, cuya magnitud hace imposible dar con arreglos que ganen unanimidad entre la pluralidad de los técnicos e intereses involucrados, duda, apela a una noción un tanto tramposa de la democracia, transfiere la responsabilidad y minimiza dentro del algoritmo la corrupción que hace poco veía clara como marca de esa obra.
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