A la pregunta de cuándo habrá suficientes mujeres en la Suprema Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg suele contestar que serán suficientes cuando todas sean mujeres. Y ante la sorpresa que produce su respuesta, hace notar que nunca nadie ha cuestionado que solo haya habido hombres en el pasado. Eso es lo que sucede con los privilegios: se dan por sentados, forman parte de un statu quo que, al ser cuestionado, produce incomodidad. Muchos buscan justificarlos y explicarlos y, en el peor de los casos, los describen como propios de un orden natural o de un orden divino.
Ello explica el arraigo y persistencia de los sistemas de privilegio: se transmiten de generación en generación. Quienes gozan de ellos se aferran a mantenerlos. Y quienes están excluidos aceptan el sistema o no tienen herramientas efectivas para luchar contra él. Viven invisibilizados, sin voz y sin una participación en la vida pública que los haga partícipes de los debates públicos al respecto.
Lo cierto es que en una sociedad constituida por hombres y mujeres, todos y todas tendríamos que participar igualitariamente en la toma de decisiones. Nuestros puntos de vista tendrían que ser tomados en cuenta; nuestras características y habilidades deberían ser puestas al servicio de la sociedad. Hay un valor intrínseco en la diversidad, del que nos privamos cuando no tomamos medidas para revertir estas inercias y patrones históricos.
Una de esas medidas fue la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada este año, la cual, respecto de la Suprema Corte, señala que deberá integrarse por ministras y ministros. Esta precisión debe leerse, en una primera aproximación, en el sentido de que asegura una composición diversa, sin precisar cuotas específicas. Pero teleológicamente, la disposición constitucional debe necesariamente entenderse en el sentido de que la integración debe ser lo más cercana a la paridad, de manera que el objetivo constitucional se logrará cuando ocupen un lugar en la Corte seis ministras y cinco ministros o viceversa.
La semana pasada nos acercamos a esa meta con la designación —a través del mecanismo de colaboración de poderes que nuestra Constitución consagra— de Ana Margarita Ríos-Farjat, como la decimotercera ministra en la historia de la Suprema Corte, quien se suma a las ministras Norma Piña y Yasmín Esquivel.
Por primera vez desde su reconfiguración en 1994, la Corte cuenta entre sus integrantes a tres mujeres, cuya llegada hace de nuestro país un lugar más justo y seguirá abonando a una mejor impartición de justicia constitucional en nuestro país.
A escala institucional, la llegada de mujeres a las altas esferas de la judicatura permite allanar el camino para las que vienen detrás de ellas, impulsa la formación de nuevos liderazgos femeninos y permite consolidar una cultura de la igualdad. Y en cuanto a la labor sustantiva, la presencia de más mujeres permite incorporar nuevas perspectivas al desarrollo de los derechos de todas las personas, incluyendo los de las mujeres, lo que a su vez permite desarticular las estructuras sociales que alimentan la desigualdad.
El mandato constitucional de paridad exige equilibrar la participación de hombres y mujeres en las distintas esferas de poder y de toma de decisiones, para dotar a los entes y órganos respectivos de una mayor legitimidad y de una mayor cercanía frente a una ciudadanía diversa. Para lograr este objetivo, es necesario abrir caminos, dar oportunidades, emparejar el terreno de juego, eliminar los techos de cristal, pero sobre todo, efectuar los cambios culturales necesarios para que la presencia paritaria de las mujeres en las más altas responsabilidades sea la nueva normalidad.
La tarea no está completa aún. Deben llegar a la Suprema Corte todavía más mujeres, porque así lo exige la Constitución, así lo exige la democracia, y así lo exige la justicia. No debemos nunca más creer que es normal un mundo en el que los hombres toman las decisiones por todas las demás personas, desde una posición de privilegio que muchas veces los ciega a las injusticias.
