La crisis por la que atravesó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en días pasados se venía gestando de tiempo atrás; en ella confluyeron muchos factores, pero es muy significativo que haya podido resolverse a partir del diálogo y la voluntad de las magistradas y magistrados de encontrar una solución.
Como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal no cuento con facultades para intervenir en conflictos al interior del Tribunal Electoral. Sin embargo, a petición de todas las partes involucradas en el conflicto, fungí como facilitador y conciliador entre ellas, apelando a la autoridad moral y el peso político del cargo de Presidente de la Corte. En esa calidad, sugerí el nombramiento de un Presidente interino, hasta en tanto se convoca formalmente a una sesión en la que, ya calmadas las aguas y con la presencia de todas las magistradas y magistrados, se elija a la persona que deba presidir la Sala Superior.
El reto para la nueva presidencia será el de generar un liderazgo que permita recobrar la confianza en el Tribunal Electoral. Es necesario emprender un proceso de renovación desde dentro, como el que hemos llevado a cabo en la Corte y el Consejo de la Judicatura, a partir del cual se reivindique la autonomía e independencia de la justicia electoral en nuestro país. Ello debe comenzar con un ejercicio de autocrítica y acompañarse con una política de transparencia y rendición de cuentas, así como de acercamiento a la sociedad. Solo entonces podrá desterrarse el fantasma de las crisis recurrentes en ese Tribunal.
Este episodio deja varias reflexiones. La primera, la importancia del diálogo y la interlocución para la resolución de cualquier crisis. Las y los magistrados del Tribunal Electoral mostraron disposición para alcanzar consensos y antepusieron el bien de la institución a cualquier interés ajeno. Prevaleció la voluntad de alcanzar un acuerdo sin aferrarse a una postura, con madurez y altura de miras. La confrontación pública nunca será la vía para salvaguardar las instituciones; éstas se defienden desde la institucionalidad.
Una segunda observación es la importancia del papel de la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura como figura de cohesión institucional. La presidencia unificada reviste una autoridad moral en el Poder Judicial Federal, por virtud de la cual la persona titular de la presidencia tradicionalmente ha sido considerada la cabeza de este poder. Desde esta posición fue posible dar una salida al conflicto desde dentro, sin injerencias externas, lo que sin duda brindó mayor legitimidad al proceso.
Esto me lleva a un comentario final acerca de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal. En una crisis como la que ocurrió en el Tribunal Electoral, no es poca cosa que su resolución se haya procesado desde dentro, sin la intervención de los muchos intereses que estaban en juego. Si a lo largo de los últimos dos años no hubiéramos trabajado intensamente en una renovación institucional que nos legitimara como el poder equilibrador, consciente de su papel constitucional en la transformación social, comprometido con el combate a la corrupción, e independiente tanto de los poderes instituidos como de los fácticos, la mesa hubiera estado servida para una captura que afortunadamente pudimos evitar.
El Poder Judicial Federal es hoy más fuerte, autónomo e independiente que nunca. Las decisiones políticas y administrativas que le conciernen se toman desde dentro. Las personas juzgadoras son libres de tomar sus determinaciones y el diálogo con los otros poderes es en un plano de igualdad. Tenemos la fortaleza y la autoridad para hacerlo y existe un clima político e institucional que así lo permite. Es algo que todos deberíamos valorar.
Arturo Zaldívar
