El 7 de marzo se conmemoró el Día de la Juzgadora y Juzgador Mexicanos, instaurado con la finalidad de reconocer y dignificar la labor de las personas impartidoras de justicia, que día con día cumplen con la tarea de dirimir disputas, instruir procesos, hacer valer las leyes, defender la Constitución, proteger los derechos de las personas y, en general, hacer posible el estado de derecho.
La Judicatura federal está conformada por personas con una probada vocación de servicio, profesionalismo y experiencia. Las juezas y jueces federales son los encargados de dar vida a la Constitución y de asegurarse que todas las leyes y actos de las autoridades, en todos los rincones del país, respeten los derechos que en ella se reconocen.
Son también pieza clave en el sistema penal federal para que cumpla con sus fines últimos: el esclarecimiento de los hechos, la protección de las víctimas, evitar la impunidad y asegurar que los daños causados por el delito se reparen.
Las que imparten la justicia desempeñan una labor que impacta a todo el orden jurídico nacional, a través de la resolución de casos individuales, así como con la emisión de jurisprudencia obligatoria para otros juzgadores en el país. Muchas de estas personas, además, contribuyen a la formación de las futuras generaciones de abogadas y abogados, tanto en la educación pública como en la privada, sin cobrar un solo peso, pues la Constitución lo prohíbe.
Sobre todo, tenemos un cuerpo de juzgadoras y juzgadores valientes. Algunos arriesgan su vida e integridad en condiciones no pocas veces adversas: alejados de sus lugares de origen, sujetos a largas jornadas laborales, en entornos dominados por el crimen organizado.
La judicatura es una vida difícil, particularmente para las mujeres, a quienes las estructuras sociales todavía penalizan y les imponen cargas adicionales, derivadas de estereotipos que pretenden confinarlas a labores de cuidado y al ámbito de la esfera privada.
Cierto es que gracias al trabajo de las juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial hoy tenemos un sistema de impartición de justicia federal sólido, capaz de afrontar los complejos retos del mundo actual. Tenemos un buen modelo de administración justicia; perfectible, pero poseedor de una capacidad institucional y de un capital humano a partir del cual podremos, sin duda, avanzar.
Los grandes problemas de nuestro sistema judicial federal son corregibles. Existen casos aislados de corrupción, pero que dañan a la institución. De igual manera, existe un nepotismo arraigado, que debe necesariamente corregirse por el bien y la legitimidad de la labor que desempeñamos. Es imperativo desterrar la idea de que el cargo de juzgador autoriza prepotencia, malos tratos y acoso laboral y sexual. Es urgente seguir avanzando hacia la paridad de género y, en general, hacia la perspectiva de género en la toma de decisiones, a fin de que el Poder Judicial sea un ámbito sustantivamente igualitario.
Las políticas públicas que se han implementado en el último año y la reforma al Poder Judicial que se discute en el Senado parten de este diagnóstico: que son muchos más los buenos jueces, pero para que su labor sea apreciada y valorada en su justa dimensión es imperativo sancionar enérgicamente a los que no lo son; que se requiere un nuevo compromiso con la sociedad, a partir del reconocimiento de que existen prácticas nocivas que opacan la labor encomiable realizada por la mayoría.
Es importante cerrar filas en torno a una concepción común de la integridad judicial. Combatir y condenar conjuntamente las prácticas que debilitan a la institución de la que tan orgullosos estamos. En nuestras manos está renovar ese pacto con la ciudadanía, sin cuya confianza, no somos nada.
