En el Poder Judicial del Estado de Nuevo León enfrentamos un año clave: el 2025, en el que conmemoraremos 200 años de la instalación de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Este aniversario, además de ser motivo de orgullo, coincide con desafíos cruciales derivados de la implementación de la reforma judicial y la necesidad de garantizar una administración de justicia más pronta y expedita para beneficio de todos los ciudadanos.
Hace poco presenté al H. Congreso del Estado un documento que detalla las necesidades presupuestales del Poder Judicial para el próximo año. Este presupuesto, de 3 mil 600 millones 491 mil 423 pesos, tiene como principal objetivo fortalecer la impartición de justicia y concretar proyectos estratégicos para enfrentar los retos que nos esperan.
Como es sabido, la ausencia de un presupuesto actualizado en 2024 impactó severamente a muchas instituciones públicas del estado y el Poder Judicial no fue la excepción. Actualmente, el 86.98 por ciento de nuestro presupuesto se destina a servicios personales, lo que nos deja con un déficit de 339 vacantes, equivalente al 12 por ciento de nuestras plazas totales. Este rezago, sumado a un aumento del 10 por ciento en el volumen de asuntos atendidos, ha generado un déficit de desempeño estimado en 22 por ciento, afectando directamente nuestra capacidad para garantizar una justicia eficiente.
A continuación expongo los proyectos y prioridades que hemos identificado para enfrentar estos retos y mejorar el acceso a la justicia en Nuevo León.
Principales retos para 2025:
1. Fortalecimiento de la infraestructura judicial: La construcción de nuevas sedes judiciales en García y San Pedro Garza García será fundamental para atender el incremento de casos y mejorar las condiciones de operación en estas áreas clave.
2. Descentralización del Centro Estatal de Convivencia Familiar: La apertura de nuevos centros en San Pedro, Monterrey Sur, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y General Escobedo permitirá ampliar la cobertura y ofrecer espacios más accesibles para las familias que necesitan estos servicios.
3. Modernización tecnológica y seguridad de la información: En el ámbito tecnológico priorizaremos la implementación de herramientas de inteligencia artificial aumentada, para la prevención de cibermedidasataques, planos de recuperación de datos y mecanismos de continuidad operativa. Además renovaremos los portales web y la aplicación móvil del Poder Judicial, fortaleciendo el Tribunal Virtual para facilitar el acceso a la justicia de manera más ágil y segura.
4. Preparación para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: Aunque la implementación de este Código está prevista para abril de 2027 resulta imprescindible iniciar desde ahora los procesos de adaptación, asegurando el cumplimiento de esta importante reforma sin afectar el funcionamiento de la institución.
El Poder Judicial de Nuevo León se encuentra en un momento decisivo. Contar con un presupuesto adecuado para 2025 es imprescindible para afrontar los desafíos actuales y preparar el camino hacia el futuro. Invertir en infraestructura, tecnología y recursos humanos no solo garantizará la calidad en la administración de justicia, sino que también reafirmará nuestro compromiso con la sociedad de Nuevo León.
Iremos al Congreso con el objetivo de sensibilizar a los legisladores sobre la importancia de este presupuesto y la relevancia de los proyectos que proponemos. La justicia no puede esperar; Requerimos el apoyo necesario para cumplir nuestra misión de ofrecer una justicia próxima, expedita y al alcance de todos.
