Imaginemos por un momento el Monterrey de hace 200 años. No había grandes edificios ni avenidas bulliciosas como las conocemos hoy. Era un lugar más pequeño, con calles empedradas, casas de adobe y un aire de esperanza y reconstrucción. Apenas habían pasado unos años desde la independencia de México y Nuevo León, como el resto del país, estaba construyendo sus instituciones.
Era el 10 de enero de 1825, una mañana fresca, y el viento recorriendo las calles cercanas al corazón de la ciudad. En las antiguas Casas Reales, hoy nuestro Museo Metropolitano de Monterrey, se vivía una expectativa especial. Ese día se llevaría a cabo un acto que marcaría el inicio de algo grande: la instalación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Los primeros en llegar fueron los magistrados designados. A la cabeza estaba el licenciado José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, un hombre respetado por su integridad y conocimiento, acompañado por Pedro Agustín Ballesteros y Rafael de Llano, quienes lo apoyarían como parte del Pleno inaugural. Sus pasos resonaron al entrar en el salón principal, un espacio sobrio, pero solemne, adornado con símbolos patrios y documentos legales que daban testimonio del trabajo del Congreso Constituyente.
El momento más significativo llegó cuando el licenciado De Treviño y Gutiérrez se levantó de su silla, tomó un ejemplar de la Constitución estatal y con voz firme juró: “Cumpliré y haré cumplir las leyes, impartiendo justicia con imparcialidad, siempre en beneficio de los ciudadanos”.
Era un juramento sencillo, pero cargado de responsabilidad. Al verlo, los magistrados Ballesteros y Llano hicieron lo mismo, sellando su compromiso de trabajar en unidad para garantizar justicia.
Esa mañana, en las antiguas Casas Reales, no solo se instaló un tribunal; nació un compromiso con la justicia que perduraría por generaciones.
Y 200 años después, cuando recordamos ese momento, no solo celebramos lo que hicieron aquellos primeros magistrados. También renovamos nuestro propio compromiso, como herederos de ese legado, para seguir trabajando con la misma pasión y entrega con la que ellos iniciaron esta misión.
Desde entonces, el Poder Judicial de Nuevo León ha sido testigo y protagonista de los grandes cambios que han transformado nuestra sociedad:
En 1850 se promulgó la primera ley organizacional del Tribunal.
En 1880 se estableció el primer Código Penal y de Procedimientos Penales.
En 1935 se promulgó el Código Civil que sigue vigente hasta la fecha.
En 2002 fuimos pioneros en justicia digital, juicios orales y mecanismos alternativos de solución de conflictos, colocando siempre a Nuevo León a la vanguardia en la impartición de justicia en México.
Además, honramos a las personas que han dedicado su vida a fortalecer esta institución. A lo largo de estos 200 años hemos contado con 53 magistrados presidentes, 161 magistrados, 18 consejeros, cientos de jueces y miles de servidores públicos, quienes con esfuerzo y pasión han hecho posible que el Poder Judicial de Nuevo León sea un referente de excelencia.
El Poder Judicial enfrenta en este momento desafíos fundamentales que nos llaman a la unidad, la innovación y el compromiso con nuestra misión. Debemos defender la independencia judicial frente a reformas que exigen la elección de los juzgadores por el voto popular, sin perder de vista la imparcialidad y la autonomía de nuestra institución.
Este bicentenario no es solo una celebración; es un momento para reflexionar sobre nuestro pasado, honrar a quienes nos antecedieron y renovar nuestro compromiso con los valores que guían nuestra labor. Somos una institución que ha evolucionado con el tiempo, adoptando la tecnología, promoviendo la equidad de género y acercando la justicia a todos los ciudadanos.
Hoy alzamos la mirada hacia el futuro. Tenemos la responsabilidad de preservar este legado y de fortalecerlo, trabajando día a día por una justicia más cercana, accesible y eficiente para todos los nuevoleoneses.
¡Felices 200 años!