Luego de que la Suprema Corte anulara el decreto del presidente que declaraba a las obras prioritarias de este gobierno como asuntos de seguridad nacional, AMLO emitió un nuevo decreto clasificando al Tren Maya, al Tren Interoceánico y a los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulúm como de seguridad nacional e interés público. El decreto presidencial se encuentra sustentado en los artículos 25 y 27 de la Constitución mexicana.
Este decreto también declara de utilidad pública los tramos que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, respectivamente, referidos en el título de concesión (de diciembre de 1998 y noviembre de 2012), a favor de Ferrosur.
Además, ordenó la “ocupación temporal” e inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y que son los tramos conocidos como la ruta de “La Bestia”, medio utilizado por miles de migrantes para cruzar el territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos.
Entra la confusión si el presidente se equivocó al denominar “decreto” a un “acuerdo”. Conforme a los artículos 29 y 92 de la Constitución, el presidente sólo puede expedir decretos con autorización del Congreso. Con este tecnicismo se abre la opción de presentar una inconstitucionalidad impugnable por parte de los legisladores ante el poder Judicial. No se sabe realmente si esto es una expropiación, administración temporal o negociación, no se sabe. Y si esto es temporal, cuánto tiempo. Todo es incierto.
Algo irremediable: las acciones de Grupo México, división transportes, caían el viernes 19 de mayo después de que el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación esta determinación. Los títulos descendían 4.14% a 39.58 pesos, encabezando las pérdidas en el mercado local de valores. Se calcula que el monto perdido es de 30 mil millones de pesos, sólo en el fin de semana. Los papeles de su matriz, el gigante minero Grupo México, también bajaban con fuerza y restaban 2.94% a 81.31 pesos. El magnate Germán Larrea, cabeza del Grupo México, había anunciado su intención de comprar el Banco Nacional de México (Banamex), aunque no se sabe el futuro de esta transacción de aproximadamente 7,000 millones de dólares.
Lo cierto es que este proceder manda un pésimo mensaje a la inversión pública y privada por la que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, en el 2023 llegaron a México 18 mil 636 millones de dólares en flujos de inversión extranjera directa.
No olvidemos que en las promesas de campaña el presidente había prometido no expropiar. Ahora rompe con otra promesa de campaña que representa un duro golpe a la confianza de los inversionistas y puede generar un impacto negativo en la percepción de estabilidad y seguridad jurídica en el ámbito empresarial. Al final ¿qué importa? si eran simples promesas.
