Como resultado de la globalización, en los últimos años hemos sido testigos de la forma como se ha influenciado el fenómeno de la migración en el desarrollo económico de las naciones alrededor del mundo. La falta de oportunidades y el deseo de mejorar la calidad de vida siguen siendo las dos razones principales para que los migrantes indocumentados decidan salir de sus países de origen a “probar suerte” en las naciones más desarrolladas.
Aun cuando se relaciona a la migración con la desigualdad y la pobreza, existen otras causas que generan este fenómeno. Y son aquellas oportunidades que brindan los mercados laborales en los países desarrollados a las personas altamente calificadas que buscan mejores posibilidades de salarios, desarrollo y capacitación. Estas opciones no las encuentran en sus países de origen.
El Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México representa un proyecto que aborda el fenómeno de la migración con un enfoque diferente cuyos pilares son el desarrollo sostenible y la cooperación regional. La iniciativa surgió el año pasado tras la oleada de flujos migratorios masivos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos y representa una alternativa basada en el desarrollo de los países involucrados y se da como respuesta a las políticas hostiles a los migrantes del gobierno de Donald Trump y de su política exterior, que también amenaza a las economías dependientes del mercado estadounidense.
El objetivo principal del Plan es que la migración nunca sea forzada, sino opcional, que la gente no deba abandonar su país ni su modo de vida debido a la pobreza y falta de opciones. Los recursos que el gobierno mexicano designó para el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica estuvieron detenidos varios meses debido a la pandemia del Covid-19 y, apenas hace unos días comenzaron a ejecutarse para El Salvador y en breve se hará para Honduras.
Sin embargo, en el caso de Guatemala hay riesgo de que este apoyo no se entregue, pues la pandemia impidió la firma del acuerdo correspondiente, y ahora, por la extinción de fideicomisos, entre ellos el Fondo México, éste proyecto no sería viable para ese país.
Desafortunadamente Guatemala seguirá enfrentando su dura realidad, donde no se podrá trabajar en el desarrollo sostenible de ese país e inhibir la migración ilegal de sus ciudadanos hacia el norte del continente. El inmigrante guatemalteco es la nueva víctima del covid 19 y de los tiempos electorales que enfrenta nuestro país.
