Imagínese tener la profunda ilusión de ser padres, ubicar a un mujer que quiere dar en adopción a su bebé, acudir a la instancia gubernamental adecuada y con el menor en casa, tener que regresarlo bajo la amenaza de trata infantil.
Le cuento la historia de Rosario y Jorge, una pareja que por años deseó un bebé y ante la imposibilidad de tenerlo de forma natural buscó todos los medios para lograr su objetivo, al final del día, ambos dieron con una chica de 16 años que no deseaba quedarse con su hijo debido a complicaciones económicas.
María, así le llamaremos a la madre biológica del bebé accedió a presentarse a la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia por sus siglas PRONNIF en Torreón para darle certeza legal al trámite y ahí, junto con Rosario y Jorge fueron atendidos por el licenciado Marco Antonio Hernández Espino, quien se desempeñaba como abogado defensor de esa dependencia y puntualizo que se desempeñaba, porque ya fue cesado de su cargo debido a que Estrella Cardona, la Sub Procuradora de la instancia estatal les informó que Marco Antonio había causado baja debido a que desarrollaba prácticas fraudulentas en la institución.
Traficaba pues con los trámites.
Cuando María, Rosario y Jorge llegaron ese día ante Marco Antonio Hernández Espino, en representación de la institución a exponerle el caso, les pidió 50 mil pesos, la mitad al inicio y la otra al entregarles el acta de nacimiento y la CURP.
La familia ocho días después del nacimiento tenía el bebé y al mes siguiente, Marco se desdibujó del mapa, no contestó llamadas, ni mensajes de Rosario quien le reclamaba los documentos del niño ya que quería vacunarlo.
En octubre la pareja fue requerida por la PRONNIF para informarle que el niño no le pertenecía, que lo entregara inmediatamente y que de no hacerlo iría a la cárcel por trata de menores.
Ellos le expusieron a la titular de la dependencia que todos los trámites los hicieron dentro de la institución, pero ella con "gancho al hígado" les contestó que a Marco Antonio lo habían despedido por cometer fraudes como este, en fin, ahora hay una pareja destrozada, la reputación de una institución en vilo, pero sobre todo un bebé en el limbo legal, algo que en nuestro país, no podemos tolerar ante los alarmantes índices de marginación y pobreza.
