Con una impugnación a su nombramiento sobre sus hombros, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, comenzó a tomar decisiones como la revisión que hará a la recomendación número 15VG/2018 en torno al caso Iguala, así como la desaparición de la Oficina Especial.
La desafortunada forma en que llegó la señora Piedra, aunado a su origen partidista, construyó una narrativa que no favorece a la confianza en el organismo.
En opinión del maestro Iñaki Blanco (quien trabajó durante varios años en la CNDH al lado de sus titulares: José Luis Soberanes, Jorge Carpizo, Jorge Madrazo y Luis Raúl González), “no se puede realizar una nueva investigación y mucho menos una nueva recomendación sobre el caso”.
Para el ex fiscal guerrerense el reglamento que rige al organismo establece la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones. Una de ellas fue mandar a analizar a Innsbruck 115 fragmentos óseos que pueden tener ADN identificable de los 43 estudiantes, lo que no ha sucedido. Otra: investigar presuntas irregularidades imputables a funcionarios de la entonces PGR en las investigaciones del caso Iguala.
Es pronto para evaluar los alcances de las declaraciones de Piedra, lo único cierto es que generan incertidumbre y se dilata la solución del caso.
A la CNDH se le dotó de autonomía e independencia que obligan a su titular a conducirse con imparcialidad.
He leído que estudiantes normalistas solicitarán a la presidenta de la CNDH reabra la oficina especial del caso Iguala, Piedra tiene la posibilidad de abrir la puerta al diálogo para resolver sus dudas, así como describir cuáles son sus metas y en qué ayudarán para lograr verdad y justicia.
El actuar de la CNDH debe ser apegado a la justicia, al derecho, a la razón, establece uno de sus ex presidentes, José Luis Soberanes, y con esa mirada tenemos que evaluar su desempeño, en una época aciaga donde los fenómenos de migración y violencia colocan a los gobiernos en el borde de la legalidad y muy cerca del quebranto a derechos fundamentales.
Del anecdotario:
Tenía solo tres años para atender las prioridades de Chilpancingo.
Uno de los objetivos que me tracé fue construir el edificio que albergara la Comisión Estatal de los Derechos, misma que fue creada por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
De la mano de un ilustre guerrerense como lo fue don Juan Alarcón Hernández (QEPD), nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto que entregamos al ingeniero y constructor Miguel Bravo, quien cumplió con creces los plazos establecidos.
Se me facilitó mucho mi relación con el entonces presidente de la comisión, pues resultó ser originario de mi pueblo: Ometepec. Apasionados ambos por la poesía, la lectura y las buenas tertulias que disfrutábamos recordando a dos grandes poetas costachiquenses: Rubén Mora Gutiérrez y Juan García Jiménez. El primero de Cuautepec, donde está El Cerro Pelón, de ahí su poesía: “yo nací en una barranca al pie del Cerro Pelón, Catalán y Torreblanca con Chebo Gutiérrez, son los que me abrieron la tranca, con su propio corazón”.
Este párrafo es de una de las poesías más bellas del bardo costachiquense, El Tlacololero: “Yo nací tlacololero, y me criaron con atole, el porvenir de Guerrero se fincó en mi tlacolole, ayúdame compañero que se me atoró el pinole”.
Juanito, como cariñosamente le llamábamos, había sido ya alcalde de Chilpancingo —lo mismo que la maestra Magdalena Vázquez de Huicochea—, ambos de la tierra prometida: Ometepec.
Sin duda Alarcón Hernández sentó las bases para la defensa de los derechos humanos en nuestra entidad. Hoy desde esta columna le rendimos testimonio de gratitud y grandeza.
La vida es así…
*Ex gobernador de Guerrero
