La reforma que propone la elección popular de los integrantes del Poder Judicial en nuestro país ha generado debate sobre las consecuencias que esta unilateral decisión puede tener en el ámbito de la justicia. Tradicionalmente, los jueces y magistrados han sido seleccionados mediante procesos basados en méritos, experiencia y carrera judicial, con el objetivo de garantizar su independencia y profesionalismo; la nueva modalidad de votación ciudadana introduce un elemento político y electoral que, créalo o no, podría alterar la naturaleza del sistema judicial.
Se dice que la pretensión es acercar la justicia a la ciudadanía, otorgándole legitimidad democrática a quienes la imparten. En teoría, ello formaría un Poder Judicial transparente y responsable, pero la experiencia internacional demuestra que la afirmación no se cumple.
Uno de los riesgos es que la elección popular puede socavar la independencia judicial, un pilar fundamental para que la justicia sea imparcial y objetiva.
Si sus miembros hacen campaña para obtener votos, estarán expuestos a presiones políticas, económicas y mediáticas que pueden influir en sus decisiones y poner en duda su capacidad para actuar con autonomía frente a intereses partidistas o de grupos de poder. Además, la politización del Poder Judicial puede generar desconfianza en la ciudadanía; si los aspirantes son identificados como candidatos políticos, su imparcialidad queda en entredicho y también la credibilidad de todo el sistema judicial.
La experiencia de países como Bolivia y varios estados de Estados Unidos aporta valiosas lecciones. En el primer caso, no ha resuelto problemas como la corrupción o la falta de profesionalismo y ha provocado tensiones políticas que afectan la estabilidad. Con los vecinos al norte, la politización y el financiamiento de esas campañas han generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de los juzgadores en casos de alto impacto social.
¿Y si la campaña electoral para cargos judiciales favorece a quienes tienen mayores recursos económicos o respaldo?, pues arrasan con candidatos preparados, pero sin capacidad para enfrentar una campaña. Eso implica que con la independencia judicial amenazada, aparecen decisiones arbitrarias, favoritismos y una justicia selectiva que, créame, no beneficiará a nadie.
Si la ciudadanía pierde confianza en el sistema judicial se debilita el Estado de derecho, por eso es que la elección popular de jueces debe tener mecanismos sólidos: la justicia no debe ser un premio político ni una competencia electoral, sino un servicio público imparcial y profesional. La legitimidad de la justicia se construye con la confianza que genera un sistema imparcial, eficiente y ético…
