Andrés Manuel López Obrador, dijo el 12 de agosto de 2019 que para el servicio público se necesita 99% de honestidad y 1% de capacidad; el 24 de septiembre de 2020 pidió a los funcionarios federales una lealtad ciega a su proyecto de transformación del país.
El presidente pide lealtad y honestidad sobre todo y no está mal; por el contrario, son imprescindibles ambas virtudes en las relaciones interpersonales y con mucha mayor razón en el caso de la administración pública.
No puede criticarse al primer mandatario por exigir a sus colaboradores que sean honestos y que además sean fieles a su proyecto. Es plausible y se reconoce.
Sin embargo hay algo que no puede aplaudirse, de hecho, hay que señalarlo con absoluta crítica y desaprobación, y es la preeminencia de la lealtad ciega y la honestidad frente a la capacidad. Las tres cualidades deben coexistir y de manera absoluta, no con medias tintas.
Lealtad, entrega y capacidad, son tres características que no pueden estar sujetas a porcentajes; son concomitantes, no puede existir una sin las otras; ¿de que sirve la lealtad ciega, la obediencia incondicional y la honestidad, si no se tienen las aptitudes para el desempeño de un cargo público? De nada, absolutamente de nada.
Una exégesis de los requisitos impuestos por el presidente, nos permite percibir la incoherencia de los conceptos. Una persona honesta, debe admitir, por una parte, precisamente por honestidad, es decir, por decoro, por autenticidad, por congruencia, en suma, por honradez, que si no tiene la capacidad suficiente y demostrada para el desempeño de un cargo público no lo debe aceptar por mas honroso que le resulta la designación presidencial.
Aceptar un encargo público sin tener la capacidad para su desempeño, es traicionarse a sí mismo y traicionar el proyecto de su jefe, cuya primera exigencia es la honestidad como piedra angular para el combate contra la corrupción.
Las decisiones que se han tomado en los distintos ámbitos de la administración pública en los nombramientos de personas notoriamente incapaces y sin experiencia en el cargo, han causado muchos daños a la sociedad y ésta ha sido vilmente traicionada.
El 25 de junio de 2021, el presidente proclamaba otra vez su máxima: "No mentir, no robar, no traicionar al pueblo". Pues señor Presidente, la designación de personas incapaces para el desempeño de un cargo público, es una traición al pueblo.
De nada han servido la "Constitución Moral" ni la "Guía ética para la transformación", y mucho menos la "Cartilla Moral" de Alfonso Reyes. Teniendo gente incapaz y deshonesta colaborando en cargos públicos para los cuales carece de las aptitudes necesarias, es engañar, mentir, es un robo de confianza. Se ha traicionado al pueblo.
Abel Campirano Marín
