Por: Leonardo Núñez González
Ilustración: Guillermo Préstegui, cortesía de Nexos
El proyecto de reforma electoral, aprobado por los diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde el pasado 6 de diciembre, modifica este artículo y deroga —es decir: elimina— la máxima pena, dejando al árbitro electoral con solo dos herramientas: la amonestación pública o el pago de una multa. Sobre la ineficacia de la sanción verbal no hay mucho que agregar. Imaginar que un político va a cumplir la ley solo porque se lo piden es ingenuo, especialmente en tiempos como los nuestros, cuando desde la tribuna presidencial escuchamos: “No me vengan con que la ley es la ley”. En el caso de las sanciones económicas, por más impresionante que pueda sonar una multa de cientos de miles de pesos, resultan risibles considerando los millones de pesos de dinero ilegal que corren en las maquinarias políticas de todos los partidos políticos, sumadas a los otros millones que ya reciben del erario. Morena, por ejemplo, ha sido en épocas recientes el partido con más multas, porque el INE le acreditó más violaciones a la ley electoral durante las elecciones de 2021 que a cualquier otro partido. De los 673 millones de pesos de sanciones que se impusieron a todos los partidos, Morena concentró el 48%, con 323 millones en multas. Si se suman las multas de sus otros dos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, en conjunto la coalición en el poder fue responsable de 66% del total de sanciones económicas por violar la ley.
TAGS RELACIONADOS:
