Por: Salvador Maldonado Aranda
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
La pandemia producida por el covid-19 nos enfrenta a un conjunto de desafíos en cuanto a la salud y la economía en México, pero que sin duda también se ha convertido en un nuevo desafío para la seguridad humana, sobre todo en regiones rurales donde la violencia se negocia cotidianamente entre una multiplicidad de actores armados tanto legales como considerados ilegales. Extensas zonas del México rural así como pequeñas ciudades situadas en esas regiones han vivido regímenes político/criminales por mucho tiempo, en los que la ley y el orden son el resultado de negociaciones y acuerdos establecidos temporalmente, cuyas consecuencias repercuten en la economía local, la forma de hacer política y el tipo de alianzas momentáneas que hay que hacer para evitar en cierta forma la violencia. Sin ningún tipo de exageración, en estas extensas regiones rurales el crimen organizado, grupos civiles armados, fuerzas de seguridad estatal y federal han construido complejos regímenes locales que reproducen órdenes informales a los cuales la población se adapta de distintas formas.
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