Por: Carlos Galindo
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
A pesar de la larga tradición estadística mexicana, nuestro país nunca ha contado con un conjunto de indicadores oportunos y confiables para evaluar situaciones de criminalidad e inseguridad. Esta carencia, si bien se arrastra sexenio tras sexenio, se ha vuelto más evidente con las decisiones de la actual administración. Contrario a lo que dispone la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo no incluyó los “indicadores de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos” (art. 21Ter f.V). En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública tampoco se definieron indicadores. Así, la discusión gubernamental se ciñe a observar si “subieron o bajaron” dos subtipos de delitos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP): los homicidios dolosos y los secuestros. Esta parquedad de miras puede aparentar un panorama “menos grave” del que realmente se vive.
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