Por: Juan Carlos Martínez Andrade
Ilustración: Ricardo Figueroa, cortesía de Nexos
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México parte de un enfoque de federalismo fiscal que nos permite identificar el arreglo en el reparto de responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno: federal, estatales y municipales, incluyendo a la Ciudad de México y sus alcaldías. El enfoque de federalismo fiscal permitió que los tres órdenes de gobierno establecieran una serie de arreglos institucionales en torno a la distribución de competencias y de recursos, en el entendido de que esto favorece la atención de las necesidades de la población. Desde un punto de vista teórico, se argumenta que los gobiernos locales están más cerca de la población y, por lo tanto, conocen mejor sus necesidades y preferencias, por lo que podrían prestar bienes y servicios de manera más eficiente. En consecuencia, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal posee una orientación normativa que busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes a través de una serie de recursos transferidos desde la Federación hacia los estados y municipios. Estos incluyen posibles destinos de gasto (también llamados etiquetas) relativos a la educación, salud, alimentación, vivienda y servicios públicos.
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