Por: Óscar Pérez-Laurrabaquio
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
El 12 de mayo de 2019, Alexander Emanuel López Rodríguez y un grupo de personas que le acompañaban detuvieron, por unos instantes, la caravana presidencial de López Obrador, que visitaba el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Con la prensa local como testigo, el joven de 24 años le pidió, en voz propia, ayuda al titular del Ejecutivo ante una serie de amenazas de muerte que había estado recibiendo los últimos meses por la disputa de unas tierras: “Te van a ayudar… Ve con el gobernador, él te va a atender”, se le escucha decir al mandatario. Cinco días después del encuentro, y ante la negativa de la oficina de Antonio Echevarría García de recibirlo el 13 de mayo (le dieron cita para quince días después), López Rodríguez fue secuestrado por “gente que vestía unos uniformes ‘parecidos al de los marinos’”: “Lo bajaron [de su automóvil], lo esposaron y lo metieron en la cajuela de una camioneta”, relata su abuela, la señora Francis Vázquez. Lejos de toda excepcionalidad, la historia de Alexander Emanuel ejemplifica a la perfección el modus operandi de corrupción e impunidad que las autoridades gubernamentales ejercen sobre las personas desaparecidas.
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