Ante la carencia de un recurso jurídico en México que pueda impugnar una reforma constitucional, como lo es la reforma energética; cabe la posibilidad de que dichos cambios a la ley puedan ser impugnados ante instancias internacionales si estos se avalan por el poder Ejecutivo.
“El problema es que no contamos en México con una herramienta jurídica que nos permita combatir en tribunales nacionales una reforma de carácter constitucional. Sería como hablar de la inconstitucionalidad del texto constitucional que se está reformando”, adelantó Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional y experto en temas energéticos de Santamarina y Steta.
En entrevista con MILENIO, el especialista comentó que de acatarse las disposiciones que dicta el presidente Andrés Manuel López Obrador, puedan devenir una serie de “avalanchas” legales en contra de la reforma energética que presente la actual administración pública.
“Puede venir una avalancha de reclamos de inversión por parte de privados, cuyas inversiones provengan tanto de Canadá como de Estados Unidos”, señaló el abogado quien agregó que, dichas empresas en el extranjero podrán tomar acciones por las inversiones que tengas detenidas, pausadas o canceladas.
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Manifestó que cuando una empresa acude a un “arbitraje de inversión” al amparo de acuerdo comercial internacional, quiere decir que ya se “rompió el contrato, la confianza al país sede”; y que México tendrá que indemnizar los daños causados por las inversiones y daños y perjuicios ocasionado por la nueva reforma, la cual no se podrá modificar desde el interior de la misma administración.
“El sector está de cabeza, está muy preocupado, está muy nervioso, todos los proyectos están en suspenso y estamos viendo una parálisis como nunca se había vivido en el sector”, aseveró Machorro al sostener la postura de la misma iniciativa privada que sigue de cerca la reforma energética.
Calificó que acciones como el Parlamento Abierto, el cual culminó en días pasados “no ha sido aprovechada a cabalidad y aprovechando su verdadera esencia de escuchar y aprender”; por lo que el ejercicio entre públicos y privados solo quedó en un ejercicio mediático donde las partes del Ejecutivo “hace como que escuchan” sin mover una sola coma.
Con lo anterior, aseguró que el sector privado, además de no creer en los argumentos del Ejecutivo, temen que tras las discusiones del Parlamento Abierto y su futuro análisis en las Cámaras de Diputados y Senadores, se genere un “Frankenstein” legislativo; lo que al final resultaría en la imposición de presidente mexicano.
“Parte de los jugadores de la Iniciativa Privada ya no creen en la voluntad política del poder y de utilizar el Parlamento Abierto como una herramienta útil, tal es así que muchos no quisieron participar”, aseveró.
