La segunda fase de la reforma laboral para trabajadores de plataformas, prevista de octubre a diciembre, enfrenta vacíos clave: falta una central obrera con peso que represente a repartidores y conductores, y se requiere mayor transparencia tanto de las aplicaciones como del gobierno, advierte un nuevo análisis de la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES).
El coordinador del diálogo sindical de la fundación, Ángel Pazos Romero, explicó que un sindicato fuerte es un área de oportunidad para este modelo, ya que a pesar de que sí hubo dos agrupaciones que representan a los trabajadores de aplicaciones en el país, la Ley Federal del Trabajo establece que para que sea una representación de peso necesita demostrar que agrupa al menos 30 por ciento de las personas trabajadoras.
Explicó que en cualquiera de las empresas, si, por ejemplo, tiene 100 mil personas trabajadoras, para que se pueda negociar un contrato colectivo, un sindicato necesitaría demostrar que representa al menos a 30 mil.
Ahora, si una organización de trabajadores quisiera negociar un contrato sectorial o de ley, debe de representar a dos tercios de los trabajadores del sector, lo cual desde la fundación lo ven complicado, pensando en que son 700 mil personas trabajadoras, del millón de usuarios únicos, que se declararon en el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El vocero de Friedrich Ebert Stiftung explicó que una agrupación sindical podría trabajar en más derechos para los trabajadores que han quedado desapercibidos en la primera fase de la reforma, como que se tome en cuenta todo el tiempo que un trabajador está conectado como parte de su jornada laboral.
Pazos Romero puntualizó que en la primera parte de la reforma solo se toman en cuenta los tiempos donde el trabajador tiene pedido o viaje, y la otra parte es como “tiempo muerto”.
“Esa debería ser la nueva demanda de las personas trabajadoras, ya que si no les reconocen que están a disposición de la plataforma y sucede un accidente, corren riesgos y no tienen seguro”, condenó.
Asimismo, exigió que las plataformas absorban ciertos gastos en las herramientas de trabajo, ya que explicó que los trabajadores aún deben pagar su gasolina, sus refacciones, celulares e incluso su mochila de pedidos. Recordó que en países como Colombia, donde se logró un contrato colectivo, los trabajadores tienen prestaciones que hoy no ven cercanas a México.
“Creo que la posición en la que se encontraba el gobierno no le dio el margen para incluir la posibilidad de cómo se organizaría sindicalmente un sector de esta naturaleza y a diferencia de otros países donde el movimiento de trabajadores fue muy articulado, aquí son pequeños que particularmente participan en foros o eventos”, explicó.
Pazos detalló que esto es importante, pues según el último reporte del IMSS, del millón 291 mil 365 personas que trabajan en plataformas digitales, 80 por ciento trabajan sólo en una aplicación.
Además, de este universo, 74 por ciento nunca había cotizado al seguro social, lo que significa que es su primer empleo o tienen un trabajo informal.
Por lo que agregó que en la segunda fase de esta reforma es fundamental que tanto las empresas como el gobierno difundan mucho más la iniciativa con las personas trabajadoras, así como a los usuarios y a posibles más personas que buscan autoemplearse.
MRA
