Son los mejores y los peores tiempos para la batalla contra el cambio climático en Estados Unidos, al menos a juzgar por el Festival de Ideas de Aspen, que se celebró la semana pasada en Colorado. ¿Las buenas noticias? El evento estuvo repleto de pruebas de que las empresas del sector privado luchan contra el calentamiento global con nuevas e innovadoras tecnologías, herramientas financieras y capital.
Pero la mala noticia fue una plétora de pruebas de que el Partido Republicano de EU trata de frustrar las reformas ecológicas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el debate gira en torno a lo que significa la invasión a Ucrania para la transición energética del continente.
Legislación ecológica
Cuando la Casa Blanca de Joe Biden anunció el año pasado que quería que Sarah Bloom Raskin se convirtiera en la gobernadora de la Reserva Federal a cargo de la estabilidad financiera, parecía una candidata segura: Raskin ya había sido subsecretaria del Tesoro y gobernadora de la Fed, y en ambas ocasiones el Congreso la confirmó con un fuerte apoyo bipartidista.
En esta ocasión esto no sucedió. Raskin, profesora de derecho de la Universidad de Duke y casada con un congresista demócrata, es una experta en legislación ecológica (entre otras cosas) y está dispuesta a incorporar a la política de banca central y a la regulación financiera análisis en materia del cambio climático. Esto, al parecer, horroriza a algunos republicanos. Por eso, cuando su candidatura se presentó en el Congreso fue bloqueada.
Entonces, ¿cómo ve Raskin el estado actual de la política ecológica? La semana pasada habló conmigo en el Festival de Ideas de Aspen —junto con Michael Sheren, asesor de política ecológica del Banco de Inglaterra— en su primera aparición pública desde que bloquearon su candidatura.
Su mensaje fue aleccionador: Raskin dice que la actual reacción negativa contra las políticas ecológicas no solo es peligrosa, sino que se produce a una escala que sorprende incluso a los veteranos de Washington. Una muestra de esto es la decisión de la Corte Suprema del viernes de restringir la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental de EU para imponer controles de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de las centrales eléctricas. Esto dificulta que EU cumpla sus objetivos de reducción de emisiones, dice Raskin, ya que el sector de las centrales eléctricas es la segunda mayor fuente de gases de efecto invernadero. También puede impedir que otros organismos introduzcan sus propias reformas ecológicas.
“Esta (decisión de la Corte Suprema) limitará la capacidad de la agencia ambiental de utilizar herramientas políticas para abordar el cambio climático”, afirmó Raskin, y añadió: “Así que, en adelante, ¿qué debe hacer el Congreso antes de que cualquier agencia pueda encargarse (del cambio climático)? Se trata de una sentencia muy amplia que puede afectar a la elaboración de normas en otras agencias”.
Lo que es aún más alarmante, agregó Raskin, es que hay una serie de medidas legislativas antiecológicas que surgen de manera desapercibida también a escala estatal. “En Virginia Occidental y Texas se proponen leyes que impedirán a invertir en los denominados activos verdes o renovables”, afirma. “Hay un esfuerzo concertado por parte de la industria de los combustibles fósiles para frustrar la transición (a la energía limpia). Aquí en EU se está produciendo una transición; vemos soluciones de inversión y tecnología increíbles, pero estas leyes las están desbaratando”.
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Esto crea un reto para las empresas financieras de todo Estados Unidos, ya que implica que las prácticas ecológicas que son populares (si no obligatorias) en jurisdicciones como California que no pueden utilizarse en otras. También crea un abismo transatlántico entre EU y Europa, ya que esta última está adoptando políticas verdes a una velocidad acelerada. “Esta (decisión de la Corte Suprema) es impactante”, dijo Sheren. “Estados Unidos está retrocediendo más de donde nos encontrábamos hace 10 años (en Reino Unido). Incluso China está introduciendo leyes”.
Esto “colocará a Estados Unidos en una gran desventaja junto con sus titulares de pensiones e inversores”, dijo Sheren, ya que significa que los inversionistas estadunidenses pueden no valorar los riesgos del cambio climático con la suficiente antelación para evitar futuras crisis. Sin embargo, también significa que las empresas del sector privado, como los grandes gestores de activos estadunidenses, tendrán la responsabilidad de impulsar la agenda verde, sin mandatos gubernamentales.
¿Lo harán? Todavía no está claro. Todas las miradas están en lo que hagan entidades como BlackRock y State Street; y en la Comisión de Bolsa y Valores y en si la decisión de la Corte será utilizada también por los republicanos para frustrar cualquier esfuerzo por introducir la contabilidad verde. Prepárense para más dramas.
Cambio europeo
Desde su lanzamiento hace 16 años, la iniciativa de los Principios de Inversión Responsable (PRI, por su sigla en inglés), respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya subió a bordo a más de 3 mil inversionistas institucionales, con 121 billones de dólares bajo gestión. Sus miembros han elevado su nivel de exigencia mientras los principales propietarios y gestores de activos establecen planes más ambiciosos para reducir las emisiones de carbono de sus inversiones.
Les resultará imposible alcanzar estos objetivos si la política gubernamental va en la dirección equivocada. Este tipo de preocupaciones aumentó en medio de la agitación del mercado energético que se produjo tras la invasión a Ucrania, donde los gobiernos suavizaron algunas políticas relacionadas con el clima en respuesta a la crisis energética. ¿Obligará esta crisis a los gestores que se centran en Europa a moderar su discurso sobre una rápida descarbonización?
No tiene por qué ser así, de acuerdo con un nuevo documento del PRI, que sostiene que “los responsables de la formulación de políticas no tienen que elegir entre abordar la crisis actual de energía y hacer frente al cambio climático. Pueden hacer ambas cosas”.
El documento se centra en las propuestas de REPowerEU publicadas por la Comisión Europea en mayo, en las que se expone cómo se planea reducir las importaciones de combustibles fósiles rusos sin sacrificar la seguridad energética. El informe da la bienvenida a que el plan se centre en “acelerar la transición limpia”, pero encuentra algunas áreas de preocupación que pueden complicar los esfuerzos de los inversionistas por limpiar sus carteras.
Uno de ellos es en torno a las infraestructuras de gas. En lugar del gas ruso que se surte por gasoducto, los políticos europeos piensan en una importante ampliación de las instalaciones para manejar el gas natural licuado importado de EU y otros lugares. Los analistas del PRI argumentan en contra de las costosas inversiones en infraestructuras de importación de gas, que tardarán años en construirse y que pronto dejarán de ser útiles a medida que avance la transición energética. Es mejor, dicen, acelerar el progreso de la eficiencia energética y la producción de hidrógeno verde.
El precio sobre el carbono también recibe una mención destacada. Es tiempo de endurecer el sistema de comercio de derechos de emisión para los productores de energía y la industria pesada europeos, señala el PRI. Las asignaciones gratuitas de permisos de emisión de carbono que se conceden a las compañías deben eliminarse, lo que supondrá un poderoso incentivo financiero para que algunos de los que más contaminan empiecen a limpiar sus actividades. La medida debe ir acompañada de la introducción de un impuesto sobre el carbono a las importaciones.
Queda por ver hasta qué punto los políticos europeos, que pretenden confirmar los detalles del plan REPowerEU en los próximos seis meses, tomarán en cuenta las preocupaciones de los inversionistas institucionales en materia de carbono. Las implicaciones para la transición energética del continente —y para los inversionistas cuyos objetivos de cero emisiones netas se mezclan en ella— se van a sentir durante años.
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