El magnate Elon Musk y su empresa SpaceX pagaron más de 25 millones de dólares en donaciones, viajes, regalos y cabildeo con legisladores y funcionarios texanos y federales estadunidenses con el fin de obtener los permisos necesarios y otros apoyos para instalar su base aeroespacial sobre un santuario natural en la frontera con México.
Fue el precio para comprar autorizaciones, voluntades y discursos que despejaran el camino hacia una zona de dunas en el sur de Texas: Boca Chica, a unos pasos del Río Bravo y del límite con Tamaulipas.
El monto —que al tipo de cambio actual asciende a más de 470 millones de pesos— ha sido documentado por las investigadoras Michelle Keck, de la Universidad de Texas Rio Grande Valley, y Guadalupe Correa-Cabrera, de la Universidad George Mason, en Virginia. Ellas sostienen que el aterrizaje de Musk en la frontera fue posible gracias a una alianza entre dinero y política, un engranaje donde el cabildeo lubricó la maquinaria legislativa y regulatoria.
En su investigación Una alianza de la élite del poder y la política ambiental local: Elon Musk, a la cual MILENIO tuvo acceso, las especialistas describen cómo congresistas texanos, autoridades locales y reguladores federales aceptaron prebendas mientras abrían las compuertas legales y políticas para que la llamada Starbase se instalara en un santuario natural.
“Las prebendas fueron parte de un esquema mayor, donde se intercambiaban beneficios políticos y económicos para favorecer la instalación de SpaceX en Boca Chica, Texas”, escriben Keck y Correa-Cabrera.
El estudio, de 17 páginas, señala que Musk no llegó solo con la visión de un empresario que imagina colonias en Marte, sino con una chequera lista y un discurso revestido de modernidad. Prometía progreso a una de las regiones más pobres del sureste estadunidense, pero lo hacía a costa de flexibilizar normas ambientales y cooptar a reguladores.
“Los intereses de Musk y SpaceX fueron apoyados por una red de aliados políticos y económicos, quienes facilitaron concesiones regulatorias y recursos públicos a cambio de contribuciones y beneficios particulares”, resumen las autoras.
La narración suena menos a epopeya tecnológica y más a un libreto clásico de poder y dinero.
Donaciones que abren puertas
El dinero fue la llave maestra. En noviembre de 2012, Musk donó mil dólares al representante René Oliveira —demócrata fallecido en 2023—, otros mil dólares a Eddie Lucio III, legislador local entre 2007 y 2022, y dos mil dólares más al senador Eddie Lucio Jr., quien estuvo en el Senado texano de 1991 a 2023.
Un mes después, aquellos mismos legisladores impulsaron en la ciudad texana de Austin un plan de financiamiento para atraer a SpaceX a Brownsville, específicamente al condado de Cameron, limítrofe con Matamoros. La secuencia fue tan precisa que parecía parte de un guion: primero la contribución, luego la concesión legislativa.
Apoyadas en registros periodísticos y en la plataforma OpenSecrets, red de investigación política del Center for Responsive Politics —CRP, organización no partidista y sin fines de lucro—, las autoras sostienen que desde entonces SpaceX se volvió una de las empresas con mayor gasto en cabildeo en Texas.
“En 2021, SpaceX se colocó entre las principales compañías en materia de gasto de lobby en Texas, con un crecimiento exponencial de su influencia política”.
Ese cabildeo se tradujo en leyes favorables: exenciones fiscales, permisos ambientales exprés y recursos públicos para infraestructura. Todo bajo el disfraz de “desarrollo económico”.
Viajes, regalos y blindajes
Pero las donaciones eran apenas una pieza. Las académicas relatan que el periodista Lachlan Markay, de The Daily Beast, reportó en 2013 que Jim Pitts, presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara texana, viajó a California con un asistente en un tour pagado por SpaceX: seis mil 803 dólares que incluyeron recorrido por las instalaciones y boletos para un partido de los Lakers. Tras ese viaje, Pitts se convirtió en uno de los defensores más férreos de la compañía.
“La compañía no solo abrió su chequera en contribuciones de campaña, sino que también organizó visitas financiadas a congresistas, con todos los gastos pagados”, escriben Keck y Correa-Cabrera.
Hubo más. El republicano John Davis, tras un recorrido por instalaciones de SpaceX en McGregor, Texas, impulsó una ley que blindó a la empresa contra demandas ciudadanas por molestias derivadas de sus pruebas y lanzamientos. El viaje había rendido frutos: la norma se convirtió en escudo.
La FAA: regulador atrapado
El entramado no se quedó en Texas. Alcanzó a Washington. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), responsable de autorizar lanzamientos y regular el espacio aéreo, mostró una indulgencia que, para las autoras de “Una alianza de la élite del poder y la política ambiental local: Elon Musk”, es indicio de cooptación.
“Las agencias encargadas de velar por el interés público terminan trabajando al servicio de los actores privados a los que deberían regular, debido a la presión política y los beneficios económicos que estos aportan”, advierten las investigadoras.
El estudio documenta cómo la FAA, en lugar de ejercer un control estricto, concedió flexibilidades a SpaceX a pesar de impactos ambientales en zonas protegidas cercanas al Parque Estatal Boca Chica y al Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle Bajo del Río Grande, justo en la frontera con Tamaulipas, en el noreste de México.
El cálculo de los montos
Además de los donativos por cuatro mil dólares entregados a legisladores texanos, el verdadero poder de despegue no provino de Musk como individuo, sino de SpaceX como corporación.
Keck y Correa-Cabrera, con base en datos de OpenSecrets, señalan que entre 2003 y el primer trimestre de 2023 la empresa destinó más de 24.9 millones de dólares al cabildeo federal. Tan solo en 2022, la compañía contrató 44 cabilderos y gastó 2.7 millones de dólares en esta actividad.
A nivel estatal, el estudio muestra que en la 83ª Legislatura de Texas (2013), SpaceX reportó 219 mil dólares en lobby, que incluyeron “viajes, regalos y entretenimiento para legisladores”.
Tierras a precios de ganga
Los desembolsos también incluyeron compras de terrenos. En 2012, la compañía adquirió medio acre (poco más de dos mil metros cuadrados) por solo dos mil 500 dólares, y lotes adicionales por seis mil 400 y 15 mil dólares.
En total, alrededor de 23 mil 900 dólares, que al tipo de cambio actual equivalen a apenas 450 mil pesos, recursos que marcaron el inicio de la expansión territorial en el condado de Cameron.
Esas adquisiciones, aparentemente modestas, fueron la base para transformar un entorno natural en una plataforma espacial de alcance global.
Los incentivos públicos
El gasto privado de Musk y SpaceX se vio complementado por recursos públicos. El estudio destaca que la Greater Brownsville Incentives Corporation (organización que se dedica a impulsar la inversión privada y el desarrollo económico en el sureste de Texas) otorgó a la empresa cinco millones de dólares en créditos por creación de empleos.
Además, la legislatura texana aprobó 15 millones de dólares del Spaceport Trust Fund (Fondo Fiduciario para Puertos Espaciales, dependiente del gobierno de Texas y encargado del desarrollo de la infraestructura necesaria o útil para establecer puertos espaciales en el estado) entre 2014 y 2015 para apoyar la instalación de la Starbase.
Aunque estos montos no fueron “pagados” por Musk o SpaceX, evidencian la dimensión de los incentivos estatales puestos al servicio de una corporación privada.
Para las investigadoras, el caso de Musk y SpaceX en los límites con territorio mexicano no es aislado: ilustra cómo los grandes capitales “capturan” la política local y moldean la política ambiental.
“La instalación de SpaceX en Boca Chica, además de transformar el entorno ambiental y comunitario, muestra cómo la política local puede ser cooptada por intereses privados con capacidad de gastar millones de dólares en prebendas”, destacan.
Ubicación estratégica en la frontera
El condado de Cameron, sede de la polémica Starbase de Elon Musk, se ubica en el extremo sur de Texas, en la desembocadura del Río Bravo (o Río Grande), colindando con Tamaulipas. Su posición fronteriza lo convierte en un punto de contacto histórico, comercial y cultural entre ambos países.
Es la puerta natural hacia el Golfo de México y alberga el puerto de Brownsville, clave para la economía regional y para los intereses industriales que han llegado en las últimas décadas.
Con más de 420 mil habitantes, es un condado con mayoría latina —más de 88% de la población se identifica como hispana— y un nivel de ingreso por debajo del promedio estatal y nacional.
La región ha enfrentado rezagos en salud, educación y servicios públicos, lo que ha generado desigualdades estructurales que condicionan las dinámicas de poder local.
De acuerdo con las autoras del estudio, este contexto de vulnerabilidad ha facilitado la llegada de grandes corporaciones que ofrecen empleos e inversión, aunque con costos ambientales y sociales, como la compañía aeroespacial del dueño de Tesla.
Históricamente, la economía del condado se ha sustentado en la agricultura, el comercio fronterizo y la pesca. Sin embargo, en las últimas décadas, el puerto de Brownsville y su cercanía con el Golfo han atraído a industrias como la petroquímica, la logística y la manufactura.
Este perfil industrial abrió las puertas a megaproyectos como el de SpaceX, con sus riesgos ambientales y el rediseño del equilibrio político en la zona.
Boca Chica y el atractivo espacial
Uno de los puntos neurálgicos de Cameron es Boca Chica, una playa y reserva natural ubicada frente al Golfo, dentro del Parque Estatal Boca Chica. Allí se estableció SpaceX en 2014, tras recibir los estímulos fiscales y apoyos políticos descritos en la investigación “Una alianza de la élite del poder y la política ambiental local: Elon Musk”.
El atractivo del sitio radicaba en su lejanía relativa a grandes centros urbanos, lo que ofrecía seguridad para pruebas de cohetes, y en su acceso directo al mar, facilitando lanzamientos espaciales. Este enclave convirtió al condado en un espacio de proyección global, pero también en un epicentro de tensiones.
El condado de Cameron se asienta sobre un ecosistema frágil, con humedales, playas y reservas naturales como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle del Bajo Río Grande y el Refugio de Laguna Atascosa. Estos territorios son hábitat de especies protegidas, como el ocelote y la tortuga lora.
La instalación de SpaceX en este entorno ha generado preocupación entre ambientalistas y comunidades locales, que denuncian que las explosiones y lanzamientos afectan tanto la biodiversidad como la vida cotidiana de poblaciones cercanas.
En este contexto, Cameron se convirtió en un laboratorio de cómo una corporación tecnológica puede incidir en la política local.
La promesa de progreso y modernidad chocó con los cuestionamientos sobre prebendas, subsidios y favores a congresistas para permitir la llegada de SpaceX. Así, un condado históricamente marcado por el rezago se transformó en terreno fértil para que Elon Musk y su empresa pusieran a prueba la influencia de las élites del poder en la política ambiental y económica local.
El décimo lanzamiento
La Starbase de SpaceX en Boca Chica se ha consolidado como el principal centro de desarrollo y pruebas del cohete Starship, el vehículo de próxima generación con el que la empresa de Musk busca abrir la puerta a vuelos interplanetarios. Desde este complejo, que en mayo de 2025 fue formalmente reconocido como la ciudad de Starbase, se han llevado a cabo los ensayos más ambiciosos de la compañía aeroespacial.
El sitio cuenta con plataformas de lanzamiento, una torre de integración apodada Mechazilla, instalaciones de producción y sistemas de abastecimiento diseñados para soportar la envergadura de Starship.
Se trata de una infraestructura sin precedentes en la industria espacial privada. Desde 2019, cuando aparecieron los primeros prototipos, Boca Chica ha sido el escenario de vuelos de prueba, explosiones controladas y avances técnicos que colocan a SpaceX en la vanguardia.
El próximo paso será este domingo 24 de agosto de 2025, cuando SpaceX realice el décimo vuelo de prueba del Starship desde Boca Chica.
El objetivo de la misión será probar nuevas maniobras del propulsor Super Heavy, experimentar con sistemas de aterrizaje y evaluar el comportamiento del escudo térmico en condiciones extremas.
De tener éxito, el vuelo acercaría a la compañía al objetivo de contar con un sistema de lanzamiento totalmente reutilizable, capaz de reducir costos y aumentar la frecuencia de misiones orbitales y, en el futuro, interplanetarias.
El lobbying en Estados Unidos
El lobbying es una práctica legal y regulada en Estados Unidos que consiste en la influencia de empresas, grupos de interés o ciudadanos organizados sobre legisladores y funcionarios públicos. Se ejerce mediante reuniones, donaciones de campaña, contratación de despachos especializados y el cabildeo directo en el Congreso o en gobiernos estatales.
Su propósito es orientar políticas, leyes o decisiones administrativas en favor de intereses particulares.
A diferencia de otros países donde la práctica es vista como corrupción encubierta, en aquella nación el lobbying está contemplado en la legislación federal y debe registrarse públicamente. Las empresas que participan en él reportan deben reportar sus gastos a las instituciones con las que trabajan, lo que permite conocer montos invertidos, sectores influidos y objetivos perseguidos.
El caso de SpaceX en Texas ilustra cómo el lobbying funciona como engranaje entre capital privado y poder político. La inversión de más de 471 millones de pesos mexicanos en cabildeo equivaldría en México a financiar una obra cultural de gran escala o a cubrir buena parte del presupuesto anual de un hospital regional. Se trata, en síntesis, de una herramienta legal que, cuando es ejercida con recursos multimillonarios, puede alterar prioridades públicas.
Hoy, la Starbase opera como símbolo de ese proceso: un complejo espacial levantado gracias a la ingeniería de Musk, pero también a la ingeniería política del lobbying, que transformó a un rincón costero del sur de Texas en el epicentro de la carrera espacial privada, aun en medio de tensiones sociales y ambientales.
Proveedor privilegiado de la NASA
Tras fundarse en 2002, el ascenso del corporativo espacial del multimillonario Elon Musk fue vertiginoso y tuvo el firme objetivo de consolidar vuelos espaciales comerciales asequibles y establecer una colonia en Marte.
Inició con la fabricación de cohetes y aprovechó la reducción de despegues, la descentralización de la política espacial y la participación de asociaciones público-privadas en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), pero también de amistades y relaciones.
Las académicas estadunidenses describen en su estudio que Michael Griffith, presidente y director de operaciones de In-Q-Tel, un negocio de capital de riesgo, fue uno de los primeros socios de Musk.
Su arribo como administrador de la agencia espacial sirvió de punta de lanza en 2006, con el primero de varios contratos. El más reciente se firmó en 2022 por más de dos mil millones de dólares, quedando por detrás de Boeing dentro de los principales proveedores de la NASA.
Un informe de The Wall Street Journal planteaba hasta 2023 tener a Space X como la única en realizar despegues de cohetes al espacio, al no existir otro competidor, con casi 9 de 10 lanzamientos.
Impacto en la zona
Para llevar a cabo el estudio, las académicas encuestaron también a 665 personas del condado, quienes reportaron daños o caída de escombros producto de los lanzamientos, afectaciones a sus viviendas por las explosiones sónicas, dificultades en el acceso a sus propiedades y afectaciones ambientales.
En 2021, Elon Musk publicó un mensaje en X (antes Twitter) donde sugería integrar el vecindario dentro de su complejo. La idea quedó solo en una propuesta, pero el juez Eddie Treviño justificó una expropiación forzosa mediante la ley. “Los residentes restantes de Boca Chica Village podrían tener que irse por su propia seguridad. No queremos que haya personas cerca de cohetes que se están probando y aterrizando. No queremos que nadie salga lastimado”, argumentó.
Boca Chica alberga una amplia biodiversidad colindante con la Laguna Madre Inferior, sede del estuario más grande y meridional del Golfo de México. Es hábitat de una flora y fauna únicas, además de especies en peligro de extinción catalogadas por instancias ambientales de Estados Unidos.
Es hogar del ocelote, el jaguarundi de la costa del Golfo, el chorlito playero, el chorlito nevado, el pelícano pardo, la grulla trompetera, el águila calva, el halcón peregrino, el charrán mínimo, las garcetas rojizas, los gavilanes de cola blanca y varias especies de tortugas marinas como la lora, que anidan en la región más que en cualquier otro lugar de Estados Unidos.
La Laguna Madre Inferior incluye una de las cinco lagunas hipersalinas del mundo, la Isla del Padre, la Playa Boca Chica, Bahía Grande y Bahía Sur. Contiene ocho hábitats principales: ensenadas de marea con embarcadero, pastos marinos, arrecifes de ostras, manglares, marismas, planicies de marea de viento, islas de material de dragado y fondo de bahía abierta.
Es un criadero crucial de cangrejos azules y camarones. Se han registrado 131 especies de peces, cinco de ellas amenazadas, así como aproximadamente cinco taxones endémicos de Texas. En la zona anida el 77 por ciento de la población invernante norteamericana del pato cabecirrojo.
Las autoras
Michelle L. Keck es doctora en Ciencias Políticas por Texas Tech University (2010) y actualmente se desempeña como profesora asociada en el Departamento de Ciencias Políticas de la University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV) en Brownsville, Texas.
Desde su incorporación a UTRGV, Keck ha sido docente destacada en cursos de teoría política, estudios fronterizos y políticas públicas. Ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, Keck forma parte de una universidad con fuerte presencia en investigación aplicada a la región frontera.
Su trabajo ofrece perspectivas fundamentales sobre cómo actores globales como SpaceX influyen en la política local y el medio ambiente mediante redes de poder.
Guadalupe Correa‑Cabrera es profesora en la Schar School of Policy and Government de la George Mason University (GMU).
Desde febrero de 2025, funge además como codirectora del Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), iniciativa académica enfocada en investigar crimen transnacional y corrupción. Su experiencia abarca estudios fronterizos, relaciones México-Estados Unidos, seguridad internacional, migración, crimen organizado y redes ilícitas.
Su enfoque combina ciencia política con análisis internacional, abordando fenómenos como el tráfico de personas y conflicto transfronterizo. Previamente fue profesora en la Universidad de Texas Río Grande Valley y ha presidido la Association for Borderlands Studies y desempeña roles clave en proyectos de investigación financiados por instancias como el Departamento de Estado de Estados Unidos, centrados en crimen organizado, migración y corrupción.
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