El programa contra la migración del gobierno italiano de la primera ministra, Giorgia Meloni, ha quedado en entredicho luego de que la justicia europea marcara el alto al que era su modelo estrella: la creación fuera del territorio nacional de centros de deportación para aquellos migrantes.
El primero de agosto pasado, el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), con sede en Luxemburgo, falló a favor de los jueces italianos, que ya en tres ocasiones habían impedido que el ejecutivo de ultraderecha de Meloni internara migrantes en dos centros de detención en Albania.
Tras un acuerdo con el primer ministro albanés, Edi Rama, el gobierno italiano había inaugurado en octubre de 2024 los centros ubicados en Shengjin y Gjader, con capacidad para unas mil 500 personas y desde donde estaba planeado expulsar a los migrantes interceptados en el Mediterraneo central sin derecho al asilo por ser originarios de países considerados “seguros”, según una lista elaborada por Roma.
El “modelo Meloni” había sido visto con interés por otros países comunitarios y aspiraba a convertirse en referencia continental.
Incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, le había dado su apoyo y el primer ministro britanico, Keir Starmer, de paso por Roma en octubre pasado, se había dicho “muy interesado” en dicha iniciativa.
Sin embargo, un reporte del “Tavolo Asilo e Immigrazione”, una red que concentra a 40 organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos, estableció que el “modelo Albania” forma parte de una operación política más amplia que busca reforzar el consenso alrededor de una agenda securitaria, alimentada por la retórica de la invasión y la amenaza a la identidad nacional.
Un motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani. pic.twitter.com/FdDOaVuJ9z
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 12, 2025
Fabrizio Coresi, investigador de la ONG Actionaid, declaró a MILENIO que la intención es, además de externalizar el derecho al asilo, la de usar la detención como un instrumento violento que impacta los derechos fundamentales de las personas, pese a que el propio asilo está garantizado por la Constitución italiana.
Contra el “modelo Albania”
La sentencia del TJUE respondió al caso de dos ciudadanos de Bangladesh que habían sido rescatados en el mar por las autoridades italianas. Ambos fueron internados en uno de los centros de Albania y se les denegó el asilo por considerar que provenían de un país “seguro”, según la lista de Roma.
De acuerdo con Coresi, la justicia europea prácticamente ha “quitado el piso” al “modelo Albania” al establecer que un país, en este caso Bangladesh, no puede ser considerado seguro si no lo es para determinadas categorías de personas. Es decir, o es seguro para todos o no lo es.
“La corte de justicia europea ha establecido que los jueces italianos que ya se habían pronunciado en contra, habían simplemente cumplido con el derecho europeo, que claramente prevalece por encima de la legislación nacional y que los mismos jueces están en posición de poder determinar caso por caso si existe seguridad en el país del que proviene el solicitante de asilo”, señaló.
Pero recordó que el “modelo Albania” entró en una segunda fase, pues en marzo pasado el gobierno de Meloni decidió usar las instalaciones albanesas para transferir a personas en situación irregular ya detenidas en territorio italiano, con una orden de expulsión e internadas en los llamados Centros de Permanencia para el Reempatrio (CPR).
Due imbarcazioni partite dalla Libia con circa 100 persone a bordo sono naufragate ieri a poche miglia da Lampedusa: 27 hanno perso la vita e tra loro c’era anche una neonata. Il numero delle vittime potrebbe salire ancora nelle prossime ore. pic.twitter.com/3ISVxDwFF0
— Amnesty Italia (@amnestyitalia) August 14, 2025
“Esta segunda fase funciona aún porque hay unas 25 personas detenidas en Albania, transferidas de CPRs italianos, pero también sobre esto estamos a la espera de un veredicto del Tribunal de Justicia Europeo, porque el pasado 29 de mayo la Corte Suprema italiana transfirió a ese tribunal el caso, considerando que los traslados son incompatibles con la normativa europea”, dijo.
Costos estratosféricos
Un reporte de Actionaid y de la Universidad de Bari publicó los datos relacionados con el costo de los dos centros en Gjader y Shengjin hasta marzo pasado, con cifras de más de 153 mil euros en la construcción y preparación de un solo lugar para dormir o 114 mil euros diarios durante 5 días de actividad en 2024.
La comparación con centros similares ya construidos en territorio italiano es completamente desfavorable pues, según el mismo informe el Centro de detención para solicitantes de asilo de Porto Empedocles, Sicilia costó un millón de euros con 50 lugares efectivos, aproximadamente 21 mil euros por sitio. En cambio, a fines de marzo pasado en Gjader habían sido realizados 400 lugares para cuya edificación fueron suscritos contratos por 74.2 millones de euros.
A esos gastos, pagados con fondos públicos, se deben añadir los del costo de hospedaje de los agentes de policía italianos, estimados en 528 mil euros por cinco días efectivos de trabajo.
Gobierno italiano contra jueces
El gobierno italiano se dijo “sorprendido” por la decisión del TJUE y acusó a los magistrados de “reivindicar espacios que no le corresponden, frente a responsabilidades que son políticas”.
En un comunicado denunció que al identificar a los llamados países seguros “permite que la decisión del juez nacional, basada incluso en fuentes privadas, prevalezca sobre los resultados de las complejas investigaciones realizadas por los ministerios implicados y evaluadas por el Parlamento”.
Sin embargo, Coresi resaltó que Roma no puede violar la sentencia del TJUE sin hacerse acreedor de sanciones.
Acuerdos con dictaduras
La externalización de las fronteras europeas para combatir la migración ilegal ha incluido acuerdos a base de grandes inversiones y en condiciones de dudoso respeto de los derechos humanos con países con regímenes autoritarios, como Túnez y Libia, de donde salen la mayoría de las barcazas con indocumentados que llegan a territorio italiano.
Según los expertos, esos acuerdos contribuyeron a que en 2024 llegaran a costas italianas 66 mil migrantes, contra los 157 mil de 2023, una disminución del 58 por ciento, de acuerdo con datos del ministerio del Interior.
Italia firmó su primer acuerdo con Libia en 2017 y desde entonces se ha ido renovando cada dos o tres años, la última vez en 2022, cuando Meloni ya ocupaba la jefatura de gobierno.
Prevé la financiación de la guardia costera libia, acusada por organizaciones humanitarias de tortura y violación de los derechos humanos, lo mismo que los centros de acogida para migrantes, igualmente financiados por Roma.
También han sido suscritos acuerdos con Túnez, un régimen autoritario y desde donde salían más de 60 por ciento de los indocumentados que llegaban a territorio italiano.
Meloni y Von der Layen visitaron el país nordafricano para prometer inversiones millonarias al presidente Kais Said, acusado de crecientes violaciones a los derechos humanos, en particular contra los migrantes.
Para que se convirtiera en el policía de frontera de Europa, la UE ofreció a Said un acuerdo de rescate financiero destinado a salvar al país de la quiebra, con la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según Roberto Calarco, experto en migracion por la universidad Sorbona de París, aunque los flujos de migrantes hacia Italia han disminuido, en 2024 registraron incrementos de 155 y de 22 por ciento a España y Grecia, respectivamente.
Otro eje de la política italiana anti-migración ha sido la criminalización de las ONG que rescatan a indocumentados en el mar. Meloni firmó un decreto que obliga a las embarcaciones de las ong a informar y pedir autorización antes de proceder a algún rescate en alta mar y a limitar el número de operaciones de salvamento, además de que les impone dirigirse a un puerto asignado y no al más cercano.
Nada de ello, sin embargo, detiene la migración de las personas.
“La migración no se detendrá nunca y debemos empezar a hablar en términos de un recurso y de posibilidades tanto para las personas que se mueven como para las sociedades que las acogen”, concluyó Coresi.
SNGZ
