Los países de la Unión Europea aplazaron este martes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea ante la falta de unanimidad entre los 27 por las dudas legales, financieras y políticas, dijeron a EFE diversas fuentes diplomáticas.
Una decena de países pidieron expresamente que se retirase la votación del orden del día, tal como había pedido el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, decidió aplazar la cuestión para más adelante.
"Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura", apuntó ya el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE.
En este sentido, apuntó que hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.
Entre los ministros que hablaron ante la prensa, solo Dinamarca y Eslovenia aseguraron que habrían votado a favor de la petición española, si se hubiese sometido a votación.
El Gobierno español intensificó sus contactos con las capitales europeas en las últimas semanas y realizó cambios a su propuesta inicial para tratar de vencer las reticencias existentes entre los Veintisiete.
España se comprometió a que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de las decisiones, como las directivas comunitarias.
También insistió en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que, según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.
Varios países de la UE mantienen dudas
Varios países de la Unión Europea, como Finlandia, Suecia o Austria, han continuado expresando este martes sus dudas financieras y legales sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.
Exigen garantías jurídicas claras y advierten sobre los posibles costes. La falta de consenso ha llevado a que España retire temporalmente la propuesta en Bruselas, a pesar del respaldo general a la diversidad lingüística.
GPE
