Los diez jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos determinaron que el gobierno mexicano no puede demandar a fabricantes de armas, luego del caso civil presentado en la corte federal de Boston, Massachusetts, por el gobierno mexicano en contra de varias de las firmas más importantes de armas de fuego por su papel en permitir el tráfico hacia México.
Con base en la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), que permite que los fabricantes puedan ser demandados en caso de que se demuestre que estos tienen responsabilidad en el tráfico de armas, la Corte estableció que “la demanda de México no demuestra de forma plausible que los fabricantes acusados ayudaron o fueron cómplices de las ventas ilegales de vendedores de armas de fuego a traficantes mexicanos”, se establece en la determinación de la corte, realizada bajo la tutela de la jueza Elena Kagan.
La demanda, presentada a través de la Consultoría jurídica a mediados de 2021, y que señala a firmas como Glock, Barrett y Smith and Wesson, por permitir el tráfico de armas de fuego por malas prácticas en la supervisión en la distribución y venta de sus productos.
“Las prácticas de distribución sin estándares de los acusados, cegados intencionalmente, ayudan y son cómplices del asesinato y mutilación de niños, jueces, periodistas, policías y ciudadanos ordinarios en todo México. La conducta ilegal de los acusados ha reducido de forma sustancial la esperanza de vida de los ciudadanos mexicanos y cuesta al gobierno miles de millones de dólares al año”, señala la demanda.
Así, la determinación de hoy concluye con una serie de procedimientos dentro del caso, que primero fue desestimado en la corte federal de Boston, reactivado por una corte de apelaciones y llevado finalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos por los abogados de las firmas.
“Los fabricantes no pueden ser acusados con apoyar actos criminales simplemente porque los miembros de cárteles mexicanos también prefieren esas armas”, continúa la determinación de la Corte Suprema.
El señalamiento del gobierno mexicano se enmarca en una serie de acercamientos y negociaciones entre La Casa Blanca y Palacio Nacional donde Estados Unidos ha solicitado mayores esfuerzos para frenar el flujo de drogas y de personas migrantes, mientras que México ha solicitado detener la llegada de armas que dan poder de fuego a los cárteles.
“Todo implica que la PLCAA evita que la demanda de México siga adelante. El tipo de alegatos que hace México simplemente no satisface las demandas de exención del estatuto”, concluye la corte en su opinión.
SNGZ
