Para su respetable criterio van tres del anecdotario infinito de la corrupción.
UNO.- Sesenta días es lo que significa para Jaime Rodríguez empezar a hacer algo “hecho madre”. Ese tiempo le tomó a su atolondrado Gobierno embarcar rumbo a su restauración los centenarios vitrales del Palacio de Cantera, vandalizados en el transcurso de una protesta. Lo inexcusable de la dilación es que el devaluado gobernador “independiente” de NL –por inexplicadas premuras– rechazó el seguro patrimonial que tiene vigente el INAH sobre monumentos históricos del país y ordenó que el Gobierno del Estado cubriera del erario los costos tan solo porque él requería la reconstrucción de los vitrales “hecho madre”. De otro modo –según afirmó sin fundamentar– habría trabas burocráticas al dejar en las manos del INAH la restauración que, según él, urgía.
A la postre fue peor el remedio que la enfermedad. En lugar de evitar una supuesta burocracia ajena, el gobierno de NL impuso la propia. Por largos dos meses los vitrales dañados permanecieron embodegados esperando a que algún día el régimen bronquista se acordara de hacerlos reparar, lo que apenas acaba de ocurrir. Pero ese sería un perjuicio menor. Como lo publicó esta columna (“Bronco bota 10mdp del erario” 19-01-17), el Gobierno de NL asumió reparar los vitrales a un costo estimado de diez millones de pesos, que al parecer serán descontados del reducido presupuesto de Conarte.
Boyantes finanzas públicas las de NL. Permiten hacer a un lado a las aseguradoras ya pagadas: “Permítannos, señores, no haremos valer las pólizas de seguro. Nosotros los nuevoleoneses pagamos. Faltaba más. Es cuestión de quitarle diez millones de pesos a la cultura que puros poetas huevones e improductivos genera” se diría en léxico bronquista al estilo de sus arengas antiperiódicos.
Esquilmos como éste no son infrecuentes en la administración pública de NL. Tan habituales son que ni asombro causan y pasan como fenómenos cotidianos.
DOS.- La administración de San Nicolás, de extracción panista, tras una negociación fiscal, recientemente liquidó una deuda añeja con el SAT por 178 millones de pesos, la que después de quitas y rebajas, quedó en 113 millones por descuentos que no dejan de significar ingresos mermados a las arcas públicas.
El adeudo nicolaíta tenía una antigüedad de varios años por concepto de ISR, retenido a los trabajadores, pero no enterado al SAT. Fue “heredado” al Cabildo actual, que preside Víctor Fuentes, por su antecesor Pedro Salgado, que omitió entregarlo al fisco, y no aparece registrado en la transición de un trienio a otro. Presuntamente hubo 113 millones retenidos a los burócratas municipales por el Ayuntamiento de San Nicolás entre 2013 y 2015 y nadie sabe en qué momento se esfumó ese dinero de las cuentas bancarias municipales. Como de costumbre, la Contraloría municipal avisó que iniciaría una investigación de la cual a la fecha nada se sabe y se presume que nunca se sabrá. La administración entrante de Víctor Fuentes, luego de negociar los recargos con el SAT, “generosamente” solidario con el estropicio de su antecesor a las arcas municipales, cubrió sin mayor trámite o denuncia el adeudo presumiblemente fraudulento de la Presidencia Municipal antecedente.
TRES.- En otro caso análogo, según reportes periodísticos recientes, en calidad de devolución de recursos el actual Gobierno de NL habría pagado al Fondo de Habitación Popular fondos millonarios que el Gobierno medinista habría ejercido pero sin acreditar al Fonhapo la comprobación del gasto. Nadie supo más. Ni siquiera porque el ex gobernador está en el banquillo.
Casi podría decirse que al asumir el cargo los nuevos funcionarios electos se hacen solidariamente responsables de la corrupción que encuentran pero para taparla no para denunciarla. Vale pecar de ingenuidad: ¿Por qué actúan así en detrimento de las finanzas de sus administraciones? O ¿acaso hay una ganancia oculta?
Este tipo de operaciones irregulares se dan a conocer eventualmente a la opinión pública e incluso llegan ahí a ser voceadas como acciones dignas de mérito: “Ya devolvimos lo que se gastó la administración anterior sin comprobar” alardean, y nadie reclama el doble pago ni se finca denuncia alguna. Y ¿dónde está la supervisión del Congreso sobre las cuentas públicas? Entretenida en auditorías de resultados según sea el sesgo político.
Las contralorías, sean del Gobierno Municipal o Estatal, son a menudo presuntos apéndices de la corrupción instituida. Y con su inacción fomentan el caldo de cultivo ideal para que florezca la impunidad. Añádase a ello los caprichitos de un gobernador como Jaime Rodríguez que no le tiembla la mano para despilfarrar 10 mdp por no utilizar un seguro ya pagado. ¿Transformará el recién nacido Sistema Estatal Anticorrupción este triste páramo de vergüenza ajena? O ¿crecerá como otro elefante blanco más? Todos los casos aquí descritos son públicos y notorios y las distintas contralorías los conocen. Hacen falta las denuncias que prosigan hasta las verdaderas últimas consecuencias.
