Ure que la Secretaría de Gobernación reasigne recursos suficientes para continuar y concluir el proyecto del Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria, se expresó en la Cámara de Senadores.
La legisladora tamaulipeca Andrea García, argumentó que la fuga de 29 internos el pasado 22 de marzo, obliga a implementar las acciones necesarias para prevenir otro hecho similar.
En días pasados, la secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto, señaló que la conclusión del Cedes está considerado dentro del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022.
La funcionaria reconoció en una entrevista que no tienen recursos suficientes para atender la demanda de infraestructura de los Cedes, pero agregó que se tiene contemplado la creación de un nuevo Centro Penitenciario en Victoria, así como el mejoramiento de los restantes, de acuerdo con el plan de desarrollo.
Sin embargo, en este último se lee que primero se hará un análisis y un diagnóstico sobre la viabilidad de terminar la obra. En el documento se destaca además la promesa de "incorporar las mejores prácticas internacionales en la administración de los Cedes".
SE ANALIZARÁ FACTIBILIDAD
En el plan rector de las políticas públicas del actual sexenio, se indica en el capítulo del Sistema Penitenciario, que el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales para minimizar la reincidencia delictiva, por medio de la capacitación y vinculación productiva para la reinserción social de las personas recluidas en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes).
Traza como Estrategia: Implementar un conjunto de programas y acciones gubernamentales para la construcción, rehabilitación, modernización, equipamiento e innovación tecnológica para mejorar el funcionamiento y operatividad de los Cedes y de los Centros de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes.
Como una Línea de acción, precisa: "Realizar un análisis y diagnóstico de la situación en la que se encuentra la etapa constructiva del Cedes Victoria instalado en la Carretera Victoria-Mante para determinar la viabilidad de la conclusión del proyecto".
Otras líneas de acción son: Verificar, actualizar y, en su caso, reforzar las diferentes acciones emprendidas para la certificación de los Cedes de Nuevo Laredo y Matamoros.
Consolidar instrumentos de control, tanto administrativos como protocolarios de seguridad y custodia, para proceder de conformidad a la normatividad, respeto a los derechos humanos y a las mejores prácticas internacionales en la reformulación de las condiciones de internamiento.
Propiciar y facilitar acciones de capacitación del personal a fi n de que éste se comprometa con la legalidad y evite generar o tolerar conductas ilícitas. Capacitar y evaluar a las personas servidoras públicas dedicadas al monitoreo, para hacer eficientes los resultados de su actividad tanto a nivel de Cedes como a nivel central.
Maximizar los recursos de los Centros de Reintegración Social yFamiliar para Adolescentes, brindando atención psicoemocional y capacitación a esta población para su inserción en el mercado laboral. Instalar tecnología para coadyuvar en la prevención de delitos dentro dichos centros. Finalmente "Incorporar las mejores prácticas internacionales en la administración de los Cedes".
LLAMAN A GOBERNACIÓN FONDEAR OBRA
La iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a instrumentar las acciones necesarias y reasignar presupuesto para la conclusión del penal victorense, fue turnada a la Comisión de Gobernación del Senado para su análisis y dictamen.
Como se recordará, de acuerdo con información que en su momento dio a conocer el Vocero de Seguridad de Tamaulipas, la evasión se produjo a través de un túnel de 5 metros de profundidad y 40 metros de largo, mismo que se realizó en una zona donde los internos edificaron construcciones irregulares desde hace varios años, las llamadas "tienditas", que tras los hechos fueron derrumbadas.
A raíz de lo sucedido, actualmente se encuentran bajo investigación 40 trabajadores del penal, de los cuales 2 son administrativos y 40 custodios, ya que de los 29 reos que se fugaron solo se han recapturado 15 y 14 continúan prófugos, expuso la senadora García García.
"En el país existe un total de393 centros con una capacidad de 200 mil 13 personas,de éstos, el gobierno federal cuenta con 16 centros con una capacidad de 28 mil 708 internos; el gobierno de la Ciudad de México, 11 centros con una capacidad de 22 mil 524; los gobiernos estatales 284 centros con una capacidad de 144 mil 984 y los gobiernos municipales 82 centros con una capacidad de 3 mil 797 reclusos, explicó la legisladora en su exposición de motivos.
Con base en la información anterior, agregó que los gobiernos estatales tienen la mayor cantidad de centros penitenciarios, con el 72.5 por ciento, equivalente a una capacidad de 144 mil 984 personas. Un estudio realizado en 2013, reflejó que del total de centros penitenciarios, el 54.4% tienen sobrepoblación, de los cuales 29% son centros que tienen población del fuero común y 71% tienen población del fuero común y federal.
El documento indica que las cifras del Sistema Penitenciario Nacional, 2014, estipulan que cuatro de los siete penales de Tamaulipas ubicados en Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Tula, tienen sobrepoblación. En las estadísticas ubican a dicha entidad en el lugar 13 a nivel nacional con 6 mil 421 internos.
En el caso del Cedes de Ciudad Victoria, cuya capacidad es de 1000 personas, en 2014 superó su capacidad con 1349 internos. A partir de ello, el gobierno actual de Tamaulipas, ha señalado que se impulsará la continuación del proyecto inconcluso de la construcción de un nuevo Centro de Ejecución de Sanciones, mismo que se inició en 2009, para cerrar el Cedes de Victoria y que se detuvo en la primera de 3 fases de construcción.
PRIISTAS DEMANDAN ORDEN
Por su parte, los senadores del grupo parlamentario del PRI, formularon punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Tamaulipas a llevar a cabo el fortalecimiento de las acciones de dirección, vigilancia, orden, seguridad y custodia en el interior de los centros penitenciarios de la entidad, a fin de coadyuvar con la reinserción y readaptación social de las personas sentenciadas ahí recluidas, así como prevenir nuevos casos de motines, fugas y violación de los derechos humanos en sus instalaciones. Su propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.
JERR
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