La Secretaría de la Función Pública de Zacatecas decidió suspender a 35 personas que forman parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la entidad. Un hecho sin precedentes en la administración pública del estado
La investigación inició por varias denuncias de una presunta red de tráfico de influencias y corrupción en perjuicio del erario público, así lo informó Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública de Zacatecas.
“Nunca en Zacatecas se había suspendido a toda una dependencia. Dados los elementos que teníamos, se dictaron medidas preventivas contra todo el personal directivo de la Junta, eso no quiere decir que todas las personas que han recibido estas medidas sean responsables”.
Había coalición entre servidores públicos y abogados particulares
A decir del titular de la Secretaría de la Función Pública, el entramado delictivo operó durante años en una coalición entre servidores públicos y abogados particulares, y representantes legales de personas despedidas, quienes interpusieron denuncias contra el gobierno con la finalidad de obtener una indemnización:
“Les doy un ejemplo, supongan que ustedes son trabajadores, denuncian un despido injustificado. Entonces, su abogado se pone de acuerdo con personal de la Junta; tardan todo lo que sea posible el caso, para aumentar el monto del posible laudo y, una vez que hay una cantidad millonaria en juego, se dicta un laudo no conforme a justicia, sino a los acuerdos previamente establecidos".
“Finalmente, el trabajador denunciante ni siquiera recibe la mayor parte de ese recurso porque termina repartiéndose, posiblemente, entre los abogados y quienes participan con estos”, explicó González Romo.
Los trabajadores inocentes volverán a sus funciones
Conforme se revise caso por caso, los trabajadores inocentes regresarán a sus funciones habituales, mientras se busca fincar responsabilidades contra los presuntos responsables de enriquecerse con recursos públicos, aclaró Ernesto González.
“Habrá servidores públicos a los que se les van a retirar estas medidas y habrá otros servidores públicos a los que se les iniciará proceso y, finalmente, en los casos más graves, en particular un par de peces gordos, iremos no solamente a la vía administrativa, sino que iremos al siguiente paso, que es la vía penal”.
La medida sugerida por la Secretaría de la Función Pública tuvo el aval de Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno, instancia de la que depende la Junta de Conciliación y Arbitraje.
IYC
