La reciente reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha encendido las alertas entre el sector empresarial de la Comarca Lagunera.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de febrero de 2025, la modificación al Artículo 29 establece que las empresas están obligadas a cubrir las aportaciones del Infonavit de sus trabajadores, incluso cuando se encuentren ausentes o incapacitados.
Aunque el Infonavit publicó en marzo un criterio aclaratorio para suavizar el impacto —indicando que los descuentos serán proporcionales al salario y que no se exigirá al patrón cubrir la diferencia si no alcanza el sueldo—, el cambio ha generado incertidumbre y preocupación entre líderes de cámaras empresariales en la región.
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PYMES, las más vulnerables
Los representantes del sector productivo local, especialmente de pequeñas y medianas empresas (PYMES), consideran que la reforma es un golpe directo a la rentabilidad de los negocios, que ya enfrentan presiones por la incertidumbre económica, cargas fiscales y ahora, esta nueva obligación laboral.
“A todas luces es arbitrario e injusto. No hay de dónde descontar cuando el trabajador no está generando ingresos por estar incapacitado”, señaló Víctor Frías Solís, abogado fiscalista y representante de la comisión Infonavit de Canacintra Torreón.
Frías explicó que, bajo esta nueva disposición, si el trabajador no percibe ingresos, el patrón deberá cubrir la amortización del crédito Infonavit de su bolsillo, sin posibilidad de hacer el descuento posteriormente.
“Esto generará una mayor carga a los empresarios, justo en una época de incertidumbre arancelaria y una posible recesión económica que ya se avizora”, advirtió.
Un cambio clave
Antes de la reforma, la Ley del Infonavit de 1974 permitía suspender los pagos de amortización durante ausencias o incapacidades, siempre y cuando se notificara al Instituto. Con la nueva redacción, esta suspensión ya no es posible cuando se trata de incapacidades otorgadas por el IMSS.
Texto anterior (Ley 1974):
La obligación de efectuar las aportaciones y hacer los descuentos (...) se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro Social.
Texto reformado:
Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones.
Impacto en miles de empresas
En la Comarca Lagunera se estima que unas 8 mil empresas estarían sujetas a esta obligación, de acuerdo con los padrones de organizaciones como Coparmex Laguna, Canacintra Torreón, Canaco Torreón y la CMIC.
- Canaco Torreón: 7,243 agremiados / 153,000 empleos.
- Canacintra Torreón: 450 empresas / 40,000 empleos.
- CMIC Laguna: 126 constructoras.
- Coparmex Laguna: 380 socios.
“No somos socios del crédito”
Para Pablo García Chacón, presidente de Canacintra Torreón, la reforma representa un cambio fuera de base, al transferirle al patrón una responsabilidad que, considera, debe recaer en el trabajador.
“El empresario es solo un retenedor, no es socio del crédito. Si un empleado se incapacita por seis meses, ¿cómo va el patrón a pagar por una casa que no es suya?”, cuestionó.
Además, advirtió que esta disposición podría incentivar la simulación de incapacidades por parte de algunos trabajadores.
Riesgo para la competitividad y el empleo
Desde Coparmex Laguna, su presidente Jorge Reyes advirtió que la reforma implica una carga financiera desproporcionada, especialmente para las PYMES, lo que podría derivar en ajustes salariales, menor contratación y hasta una disminución en la inversión.
“Imponer este costo sin un mecanismo de compensación claro tendrá consecuencias negativas en la competitividad de las empresas y en la generación de empleo”, expresó.
Comerciantes, también preocupados
Fidel Villa Tarín, presidente de la Canaco Torreón, lamentó que esta modificación pueda encadenar un incremento de precios en productos y servicios, ante la necesidad de los comerciantes de proteger sus márgenes de ganancia.
“Pagar la amortización de los créditos durante una incapacidad representa un costo adicional que afecta el equilibrio del negocio. Al final, podríamos absorberlo, pero no es justo ni legal hacerlo sin mecanismos claros”, afirmó.
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Alternativas legales
Los empresarios están analizando diversas estrategias, como:
- Modificar contratos individuales y colectivos para prever estas situaciones.
- Establecer acuerdos con los trabajadores para cubrir parcialmente las amortizaciones.
- Promover juicios administrativos ante posibles omisiones.
- Solicitar revisión legislativa o una prórroga antes de que entre en vigor formalmente, tentativamente en septiembre.
En tanto, las cámaras recomiendan a sus agremiados tomar medidas preventivas desde ahora con sus áreas de recursos humanos y asesoría legal.
edaa
