El gobierno federal asignó recursos por 2.5 millones de pesos para la construcción de un refugio destinado a mujeres víctimas de violencia en Tamaulipas y sus hijos, como parte de una política pública integral con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
El espacio deberá tener condiciones de seguridad, confidencialidad, guardias de vigilancia, ruta de evacuación y un diseño arquitectónico adecuado para resguardar a la población usuaria vulnerable y brindarle atención psicológica, jurídica y de trabajo social que requieran.
El recurso se canaliza a través de la Secretaría de las Mujeres, y mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para brindar protección y atención especializada. La dependencia federal, ejerce este año un presupuesto por 484.7 millones de pesos para aterrizar dicho programa en todo el país.
Los servicios tendrán que brindarse con empatía, calidad y calidez, que evite en todo momento el hacinamiento de las usuarias, así como de sus hijas e hijos, refiere el convenio publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué establecen las leyes sobre las víctimas de violencia?
Según se expone, las leyes generales de Víctimas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, obligan a favorecer la instalación y mantenimiento de este tipo de refugios con el fin de que las mujeres afectadas puedan contar con un sitio seguro mientras lo necesiten.
En ese contexto, la transferencia de recursos federales se realiza en carácter de subsidio y deberán ser administrados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad, cuya directora es Patricia Eugenia Ayala Lara.
La Secretaría de las Mujeres deberá practicar visitas de verificación para observar los avances en la ejecución del proyecto y la operación e instalaciones del refugio, así como el seguimiento de los fondos transferidos con la finalidad de que se cumplan las disposiciones.
¿Qué hará el estado con los recursos de los refugios en Tamaulipas?
La administración estatal se compromete a reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2026, los recursos que, al 31 de diciembre de 2025 no hayan sido devengados.
Tendrán que rendirse informes cuantitativos (actividades, servicios y atenciones brindados) y cualitativos (operación), así como de ejecución del recurso asignado, incluidos los rendimientos financieros generados.
Asimismo, entregar los indicadores de desempeño, con la finalidad de garantizar que los recursos otorgados sean ejecutados bajo los principios de legalidad, eficiencia, economía, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y equidad de género.
brr
