Aurelia García está acusada por homicidio culposo en grado de parentesco, luego de que en 2019 tuviera un parto fortuito que derivó en la pérdida del producto que estaba esperando; el 3 de octubre de ese año fue detenida y puesta a disposición de las autoridades y hasta el momento no se ha resuelto su situación jurídica.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Aurelia fue víctima de diversas violaciones a sus derechos cuando fue detenida.
Entre ellas explicaron que al ser una mujer indígena debió contar en todo momento con un intérprete que le explicara lo que estaba ocurriendo con su proceso penal, hecho que no ocurrió y además aseguraron bajo ese contexto fue orillada a aceptar un procedimiento abreviado sin que entendiera a que se refería.
Asimismo, aseguraron que la jueza Mariela Alfaro Zapata, quien es la que ha llevado el caso de Aurelia, no ha tomado en cuenta la perspectiva de género y el enfoque de interculturalidad que se debería tener un caso de este tipo; incluso para determinar la medida cautelar.
“Pedimos se revise la determinación de la jueza Mariela Alfaro Zapata, respecto de la negativa del cambio de medida cautelar, y se revise si la misma no se sustentó en estereotipos de género, raciales, sociales, culturales y económicos”, expresaron en un comunicado.
El 1 de diciembre de 2022 se llevó a cabo su última audiencia de juicio, más de 3 años después de que fuera vinculada a proceso. Por lo cual le solicitaron al Poder Legislativo del Estado de Guerrero garantizar el cumplimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado; así como una sentencia libre de prejuicios y estereotipos basados en el género, identidad cultural y condición social.
Ayer, integrantes de distintas organizaciones se manifestaron para pedir justicia por el caso de Aurelia y con consignas como “El parto fortuito no es homicidio” pidieron la liberación de Aurelia así como un proceso justo en apego a sus derechos humanos.
DM
