En menos de un año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reorganizó el aparato de seguridad de México a través de una serie de reformas legales, ajustes administrativos y nombramientos estratégicos.
Lo anterior, encaminado a obtener una mayor cohesión y coordinación en el combate a la delincuencia organizada, con un enfoque particular en el uso de los aparatos de inteligencia.
Aunque la conformación del gabinete de seguridad se mantiene con la misma estructura, los cambios implementados en los primeros 10 meses de esta administración han colocado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como punta de lanza de la estrategia.
A la dependencia que hoy encabeza Omar García Harfuch se le han dado, además, nuevas facultades legales y operativas, no solo de coordinación, sino también de investigación de delitos y recopilación de inteligencia, todo ello enfocado en la prevención de posibles conductas delictivas, así como en auxilio del Ministerio Público.
Autoridades federales consultadas por MILENIO dijeron que el nuevo liderazgo en términos estratégicos y operativos es mucho más eficiente.
"Se han hecho esfuerzos titánicos y hay una reorganización en muy pocos meses. Hay una estrategia clara y las reformas aprobadas van en esa dirección. Lo que se requiere ahora es más tiempo para ver el alcance de los resultados", dijo una funcionaria de la SSPC.
Figuras clave, los nuevos rostros de la seguridad
En ese contexto, se enmarca la llegada de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras la salida de esa responsabilidad de Pablo Gómez el 2 de agosto. Reyes ha sido colaborador cercano de Harfuch desde 2020.
Fuentes de la UIF indicaron a MILENIO que es la primera vez que se designa al frente de dicha unidad a una persona de perfil policial. En el pasado, los titulares de esta unidad habían sido personas con perfil técnico o político, con poca o nula relación con el gabinete de seguridad y menos con el secretario del ramo.
La designación fue vista como un movimiento natural, dado el fortalecimiento que se le pretende dar a la UIF en tareas de combate al lavado de dinero del crimen organizado, a partir de su incorporación al esquema de inteligencia coordinado por el CNI.
Otro de los nombramientos clave de funcionarios que en el pasado ya habían colaborado o trabajado juntos, es el de Francisco Almazán Barocio, designado al frente del CNI en el arranque del actual gobierno, y quien en el sexenio pasado se desempeñó como jefe de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.
Almazán Barocio ha sido un colaborador cercano de Harfuch desde hace varios años y estuvo a cargo de la investigación de su atentado en 2020. También trabajó de cerca con Milton Morales Figueroa, en su momento considerado mano derecha del hoy titular de la SSPC, hasta que fue asesinado en julio de 2024.
García Harfuch y Almazán Barocio se reunieron de forma conjunta en marzo con el director del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) Kash Patel, para exponerle el trabajo de combate al crimen organizado que se está ejecutando en México.
En Estados Unidos, los funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump han expresado confianza en el esquema liderado por Harfuch.
Otra integrante clave en el equipo de trabajo es Marcela Figueroa Franco, quien ocupa la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Desde 2019, Figueroa ha trabajado en el equipo de Harfuch, desempeñándose en el sexenio pasado como directora de Carrera Policial y luego como subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Figueroa Franco y Almazán Baroco acompañan a Harfuch en reuniones de colaboración y cooperación con diversas autoridades en el país. Son su "equipo de trabajo", como lo describió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un encuentro que sostuvo con ellos el 24 de marzo.
¿Qué resultados ha dado?
De acuerdo con lo anunciado por el gobierno de Sheinbaum, esta nueva visión de trabajo ya se ha manifestado en resultados positivos; por ejemplo, una reducción de delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso, con una baja del 25 por ciento hasta junio pasado.
A ello se suman detenciones de objetivos prioritarios y generadores de violencia de grupos del crimen organizado.
También el aseguramiento de 1.5 millones de toneladas y 3 millones de pastillas de fentanilo; 69 toneladas de metanfetaminas; 53 toneladas de cocaína, la destrucción de 150 laboratorios clandestinos de droga hasta mayo pasado; entre otros.
Se trata de un esquema opuesto a la fórmula de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, donde se apostó por la desaparición de la Secretaría de Seguridad, y el traslado de esa responsabilidad a Gobernación.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se avanzó en recuperar la secretaría del ramo, aunque la dirección operativa se depositó en las fuerzas armadas.
El nuevo piso legal
La administración de la presidenta Sheinbaum, con el apoyo de la mayoría oficialista en el Congreso, ha consumado en menos de un año modificaciones constitucionales y legales que le han dado el nuevo piso normativo a su esquema de seguridad.
Destaca la reforma al artículo 21 constitucional aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024, la cual dio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nuevas y más amplias facultades en los trabajos de prevención del delito y combate al crimen.
A ello le siguió el aterrizaje a través de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobadas en julio.
El marco normativo deposita en la SSPC nueva facultades como la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; la investigación de los delitos en coordinación con el Ministerio Público y la Guardia Nacional; la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia y mayores capacidades de fiscalización de recursos en el ramo de seguridad.
En el apartado específico de la investigación e inteligencia, las modificaciones legales establecieron la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad, conformado por 13 dependencias e instituciones distintas, el cual es presidido por la titular del Ejecutivo, y donde el secretario de Seguridad cumple a su vez el rol de secretario ex ejecutivo.
El objetivo, según las justificaciones de las nuevas normas, es sumar y unificar los esfuerzos de inteligencia bajo un solo paraguas y evitar actuaciones separadas.
Bajo este nuevo paradigma, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), originalmente bajo la adscripción administrativa de la Secretaría de Gobernación, fue trasladado como órgano desconcentrado bajo la SSPC.
Las leyes aprobadas también plantearon la nueva Plataforma Central de Inteligencia, operada por el CNI que, entre otras cosas, interconectará los sistemas de inteligencia de todas las dependencias del ramo de seguridad.
Esto incluye a las de fuerzas armadas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, entre otros.
Reagrupación de fuerzas
A partir de las reformas normativas e incluso antes de ellas, el gabinete de seguridad trabaja en la redistribución administrativa de los recursos humanos.
Uno de los movimientos más importantes fue la adscripción definitiva de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, pero preservando su enfoque como fuerza dedicada a la seguridad pública.
El otro cambio relevante ha ocurrido dentro de la propia SSPC. MILENIO reportó en marzo que siguiendo la dirección de Harfuch, se trabaja en la reconstrucción de una policía nacional civil con facultades de prevención, investigación y reacción a delitos y situaciones de alto impacto.
Bajo el paraguas de la nueva Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC, se ha conformado ya una fuerza especifica dedicada a la investigación de delitos, con un cuerpo élite de reacción incluido, el cual participa activamente en coordinación con otras fuerzas civiles y militares en operativos de detenciones, aseguramientos, decomisos, etcétera.
Para conformar dicho grupo, la SSPC ha sumado tantos elementos destacados en los ramos de investigación e inteligencia de otras dependencias y fuerzas de seguridad, y también de los agentes especializados de la antigua Policía Federal, quienes en el sexenio pasado permanecieron temporalmente en la Guardia Nacional.
Además, la SSPC también trabaja en la renovación del Servicio de Protección Federal, que cuenta con un estado de fuerza y ya supera 14 mil elementos, el cual pretenden destinar a trabajos de apoyo a la seguridad pública bajo esquemas de coordinación con autoridades estatales.
ksh
