Durante el resguardo domiciliario establecido para atender el inicio de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 responsable de la covid-19 que en México se puso en marcha en marzo del 2020, se elevaron las estadísticas de abuso sexual en contra de menores, y a dos años cuatro meses después las cifras permanecen a la alza.
En el juzgado Especializado de Niños, Niñas y Adolescentes instalado en el Centro de Justicia, se atienden entre 20 a 25 casos mensuales de menores violentados; de este total el 50% son por naturaleza sexual. A este tipo de delitos le siguen violencia familiar, posteriormente la sustracción y retención cuando está en conflicto la patria potestad, y por lesiones físicas.
Arcelia Cecilia Esparza Alcalá, coordinadora de la Unidad de Investigación Especializada en Niña, Niños y Adolescentes de la Vicefiscalía Zona 1 Región Laguna, señaló que el juzgado especializado les permite generar un trámite rápido y así buscar las medidas de protección en favor de los niños, como pudiera ser entregar al menor a resguardos provisionales para sacarlo del ámbito de violencia en el que se pueda encontrar, o también en el supuesto de que estuviera atravesando por una omisión de cuidados, a través del DIF se busca a la familia extensa.
Familiares y padres, los mayores abusadores
Aunque se creía que la violencia sexual era en mayor medida al interior de las escuelas, lamentablemente después de la pandemia, se conoció que era al interior de los hogares donde más se presenta.
Señaló que los delitos de naturaleza sexual en menores de 12 años, se cometen por personas que los conocen, personas que tienen la confianza de los padres para cuidarlos y se aprovechan de esa situación porque tienen acceso al niño o a la niña y es cuando realizan el acto. En su mayoría son familiares, e inclusive padres biológicos.
Hasta el momento el Juzgado Especializado de Niñas, Niños y Adolescentes, ha emitido 124 carpetas de investigación judicializadas, de las cuales 34 son de naturaleza sexual y de este total, 31 han llegado hasta una orden de aprehensión.
De los municipios que abarca el Centro de Justicia, en lo que va del año entre Mapimí y Tlahualilo se han investigado cuatro casos, dos en cada uno, y el resto se distribuyen entre Gómez Palacio, y Lerdo.
aarp
