Luego de que el pasado 7 de julio MILENIO documentara el caso de la Universidad Autónoma de Durango, señalada en diversos estados por entregar títulos sin validez oficial a nivel federal, el Congreso de Coahuila aprobó este lunes un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reforzar los lineamientos aplicables en el otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
El acuerdo legislativo también solicita fortalecer los mecanismos de verificación, inspección y sanción para las instituciones particulares de educación superior, con el fin de prevenir fraudes y garantizar la protección efectiva de los estudiantes.
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El diputado Álvaro Moreira Valdés explicó que el exhorto busca que la SEP actúe de manera inmediata, sancione a las universidades involucradas y publique un padrón actualizado para evitar que más jóvenes sean víctimas de este tipo de engaños.
“El objetivo es que el esfuerzo de las familias no esté en riesgo. Se están enfrentando a situaciones en las que, al buscar empleo, les dicen que su título no tiene validez oficial, o cuando quieren cursar una maestría, se topan con lo mismo”, expresó el legislador.
Moreira señaló que los casos, según lo documentado por MILENIO, se han presentado en municipios como Saltillo, Monclova y Torreón, y suman más de 300 denuncias ante la representación estatal de la Secretaría de Educación Federal. Incluso, advirtió que algunas instituciones operan con RVOE expedido en otros estados —como Durango— aunque los estudios se cursen en Coahuila, lo cual complica aún más el ejercicio profesional de los egresados.
“Hay 60 estudiantes que están siendo atendidos por la Secretaría de Educación Pública al descubrir que sus títulos no tienen validez”, mencionó Moreira, y agregó que existen instituciones que ni siquiera tienen el RVOE en trámite, pero aún así permiten inscripciones.
El exhorto aprobado también propone revisiones periódicas a los programas ya autorizados, establecer sanciones más contundentes y que se imponga a las universidades responsables el deber de resarcir el daño.
“Cuando una institución particular ofrece o publicita estudios bajo la falsa presunción de contar con el RVOE, vulnera gravemente los derechos del alumnado”, señala el punto de acuerdo. Además de la pérdida de tiempo y recursos, se advierte que este tipo de prácticas “socavan la credibilidad del sistema educativo nacional”.
Finalmente, el documento recalca que estos casos no deben verse como errores administrativos aislados, sino como parte de un fenómeno sistemático de engaño que exige una respuesta firme y proporcional al daño causado.
edaa
