La Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, María de la Luz Mijangos Borja, informó que falta aún maduración a las fiscalías anticorrupción y es por ello que en la Tercera Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción en el país, que se inició hoy en Coahuila, se buscará homologar los sistemas penales para cerrar la puerta a la evasión de la ley.
Por su parte el Fiscal Anticorrupción de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, adelantó que se analizarán mañana algunas propuestas que se pretenden presentar el próximo año para ver si son aprobadas y se puedan homologar las acciones.
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Entre ellas están los criterios de oportunidad, homologación de delitos por hechos de corrupción en las entidades para que se concrete un solo código penal, y finalmente la de un reglamento de estatutos internos de la CONAFE, las que se presentarán al Congreso de la Unión para su análisis.
Lagunas en la ley dan pie a evadirla; Fiscal Anticorrupción de FGR
Mijangos Borja, precisó que se trata de establecer criterios para hacer propuestas legislativas, para homologar los tipos penales, políticas anticorrupción y facilitar la coordinación; agregó que en la mayor parte de los casos se trata de pequeños cambios que dan otro sentido a la legislación y que permiten ahora evadirla.
“Por ejemplo, el Enriquecimiento Ilcito dice que no puedas demostrar el origen lícito; si en una legislatura no pone esa parte (poder demostrar), entonces ahí hay un elemento para que el servidor público pueda eludirlo más fácil. Así, de palabras pequeñas, si dice acreditar o dice demostrar, entonces conocedores nosotros de los casos en los cuales alguno que se ha judicializado no ha llegado a un buen fin por esos aspectos, es en estos lugares donde compartimos esas experiencias y vamos generando el conocimiento para ir cerrando las puertas “.
Pero además, subrayó que se debe trabajar en la modificación de prácticas y cerrar espacios donde se propicia la corrupción, además de que la ciudadanía fortalezca la capacidad de denuncia y que se genere esta cultura no como venganza sino de hacer mejor las cosas; “no es un fenómeno sencillo pero es política de estado”.
A esto se suma, que hay muchos mecanismos de defensa de derechos humanos como es el amparo y una vez que se hace la apertura al juicio oral, generalmente los imputados presentan un amparo por alguna situación que ellos consideran irregular y con esto se suspende el inicio, “y así hemos estado, no hemos llegado a una maduración del sistema donde ya se pueda ir viendo los datos que realmente reflejen el trabajo que se ha hecho, y el esfuerzo del combate a la corrupción”, expuso.
Buscarán método para medir la eficiencia del sistema penal
Otro de los aspectos que se pretende concretar es cómo medir la eficiencia, ya que dijo, no necesariamente las sentencias condenatorias son el reflejo de ella, ya que hay mecanismos alternativos de solución como la reparación del daño; “de por sí el propio sistema acusatorio tiene una temporalidad que rebasa en estos casos los tres años, hay que esperar que madure esta institución para que se puedan tener casos que puedan señalarse”.
Al añadir que no puede dar mayores datos por la secrecía de los casos, indicó que a nivel federal hay casos relevantes donde tienen personas destacadas, en algunos casos servidores públicos vinculados con el narcotráfico en donde no se ha podido llegar a la etapa de juicio oral por estos impedimentos, aunque dijo que hay otros que están en la etapa de vinculación “y esos casos irán madurando”, afirmó.
Procesos integrales entre diferentes dependencias en casos federales
Apuntó que además se allegan los casos que tienen carácter federal y existen fuentes de información que colaboran con las fiscalías locales, como la Comisión Nacional Bancaria, que es quien puede superar el secreto bancario y ellos le solicitan a las entidades del sistema financiero la información que se requiere; “y en algunos casos el Instituto Nacional Electoral cuando se solicitan las direcciones que se tienen registradas, todo ello siempre con control judicial, una de las ventajas del nuevo sistema acusatorio penal”.
Agregó que hay un desequilibrio entre las prioridades institucionales del combate a la corrupción, con las expectativas ciudadanas, ya que ésta se fija en el tema penal en tanto que institucionalmente se privilegia la prevención, lo que debe trabajarse en lo local.
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