El Congreso de Coahuila pidió al Congreso de la Unión modificar la legislación federal para establecer sanciones más severas contra universidades que operan sin el debido Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o que no cumplen con los estándares mínimos de calidad educativa.
La propuesta fue presentada por la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas, mediante un dictamen que exhorta tanto a senadores como diputados federales a analizar y proponer reformas que sancionen de manera efectiva estas prácticas.
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Alumnos, los más afectados
La problemática fue documentada por MILENIO en una investigación reciente, donde se evidenció cómo estudiantes de instituciones privadas terminan sus carreras sin la posibilidad de obtener un título válido, lo que les impide acceder a empleos formales y representa una pérdida económica y emocional significativa.
En el dictamen aprobado esta semana, se plantea reformar el marco jurídico estatal para clasificar como infracción grave —o incluso como delito— la operación de programas sin RVOE. También se propone imponer multas severas, clausura definitiva y sanciones administrativas o penales a quienes incurran en estas prácticas, sean personas físicas o morales.
Asimismo, se sugiere fortalecer los mecanismos de vigilancia y fiscalización educativa a través de órganos autónomos o colegiados, que verifiquen el cumplimiento de los requisitos de calidad académica. Además, se pide otorgar a las autoridades estatales facultades más amplias para suspender o cancelar operaciones irregulares.
Laxitud legal y ausencia de castigos
Aunque se reconoce que no existen cifras exactas sobre cuántas universidades operan sin RVOE o con deficiencias graves en su calidad educativa, el dictamen identifica dos problemas estructurales clave: por un lado, la laxitud en las leyes y reglamentos que permiten la creación de instituciones sin un control riguroso; y por otro, la falta de sanciones efectivas contra quienes defraudan a los estudiantes.
Desde 2016, organismos como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (Conaed) han alertado sobre este fenómeno, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas contundentes.
“La proliferación de instituciones que imparten programas sin el debido RVOE o sin cumplir los estándares mínimos de calidad constituye una violación directa a los derechos de las y los estudiantes”, señala el dictamen, que también subraya la necesidad de garantizar el acceso a una educación superior digna y regulada.
El documento concluye que la educación superior es un derecho humano fundamental y una responsabilidad ineludible del Estado, por lo que se requiere con urgencia un marco legislativo que aborde el problema con claridad y proteja efectivamente a los estudiantes.
edaa
