Daniel Hernández Silva se convirtió en la primera persona en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que inició un procedimiento legal contra el alza al precio de los combustibles, presentando la semana pasada una demanda de amparo ante el Juzgado Quinto en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco, sin embargo éste se declaró incompetente para conocer y llevar a cabo el proceso, por lo que trasladaron el expediente a otro juzgado en la Ciudad de México.
Al respecto, el estudiante de derecho de la Universidad de Guadalajara, habló con Notivox JALISCO sobre su decisión de ampararse y el avance que su demanda ha tenido.
“Tomé la consideración de promover una demanda de amparo a partir de que me doy cuenta de que se pretenden liberalizar los precios antes de tiempo, porque se tenía contemplado para el 2018”, contó Hernández en entrevista para este medio, donde agregó que fue después de haber estudiado la Ley General de Hidrocarburos cuando se dio cuenta de que podía ampararse, pues considera que con el aumento de la gasolina se afecta directamente la Constitución Política Mexicana, ya que el párrafo tres de su artículo 28 marca que todos “los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”, como es el caso de la gasolina, deben tener un precio máximo marcado por las leyes.
Así, fue el miércoles 4 de diciembre cuando Daniel presentó su demanda, después el viernes 6, el Juez de Distrito le pidió un análisis pormenorizado de algunos señalamientos expuestos en el amparo, mismos que Daniel presentó el lunes 9. Posteriormente, el pasado miércoles se notificó al solicitante a través de un acuerdo que el jurado de distrito se declara incompetente para conocer y, por lo tanto, resolver el asunto, trasladando así el expediente a la Ciudad de México, al Juzgado especializado en materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
“Me parece irrisorio este tipo de acuerdo, son transcripciones de artículos (…) y no encuentro ningún razonamiento jurídico por el cual se haya declarado incompetente”, expuso Hernández, quien manifestó que cree no se trata de incompetencia, sino de “pasarse la bolita”: “esto sin duda alguna me da a entender que se quiere dilatar o ganar tiempo en que exista ya sea una admisión, o un posible desechamiento, porque tal parece que nadie quiere hacerse cargo de esto (…) y casi también me atrevería a decir que se están lavando las manos”, declaró.
Explicó que una vez que el juzgado de distrito en la Ciudad de México reciba el expediente, éste tiene 48 horas para decidir si él si es competente para llevar el caso o no, si decide no serlo, el expediente regresa a Jalisco al Juzgado de Materia administrativa y del Trabajo, para que decidan si continúan siendo incapaces de tratar la demanda, en caso de que la incompetencia no se resuelva, sería un tribunal superior quien decida a qué órgano le corresponde el expediente. Ahora, si el juzgado en México decide que sí es competente, el proceso obligaría a Daniel a trasladarse a la capital para darle seguimiento, o en su caso, contratar un abogado que lo hiciera, lo que el quejoso definió como “muy difícil” tanto administrativa como económicamente.
Sin embargo aclaró que “esta decisión de que se planteara una incompetencia no hace que quite el dedo del renglón, al contrario me dan más ganas aún de seguir combatiendo esto por medio de un juzgado de distrito (…) no lo voy a dar por perdido”.
A pesar de que el abogado José Óscar Valdés Ramírez dijera en días pasados que los amparos no implican nada en lo individual, el quejoso explicó que en caso de que éste se resuelva a su favor, el beneficio que obtendría sería adquirir la fijación de un precio máximo en los combustibles, pero solamente para él pues aclaró que “la sentencia del amparo, favorable o desfavorable, únicamente tiene repercusiones en la persona que promueve la acción”. Por lo que invitó a las personas a sumarse de manera individual y llevar a cabo su demanda de amparo.
Para esto creó una página en Facebook (@danielhernandezluchajuridica2017) donde, además de dar seguimiento sobre su caso, orienta a los interesados detalladamente sobre cómo llevar a cabo su proceso.
“Lo que busco con esta demanda de amparo es que se cumpla con un artículo de la constitución y con un derecho humano que tenemos todos (…) el tener la certeza como consumidores de un precio máximo de un insumo tan importante”, concluyó.