Inversionistas del Hotel Gran Turismo anunciaron que retiraran su inversión de 50 millones de dólares, que implicaría la pérdida de tres mil empleos, aplicada en la construcción del hotel en las playas de Puerto Escondido, tras denunciar una "guerra sucia" por parte de la Procuraduría Federal del Protección al Medio Ambiente (Profepa).
TE RECOMENDAMOS: Sectur y gobierno de Oaxaca pactan apoyo a hoteleros
Erick Heras, apoderado legal del grupo empresarial Éxito Resorts, acusó a la Profepa, de llevar a cabo prácticas para detener el desarrollo turístico de Oaxaca.
Indicó que en el caso del complejo Vivo Resorts, es un desarrollo que ha generado más de tres mil empleos en la Costa de Oaxaca.
El representante legal afirmó se reserva el derecho para denunciar contra la difusión de la información que busca perjudicar al desarrollo privado.
Detalló que existen siete procedimientos administrativos de responsabilidad ambiental, mismos que están ahora bajo la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Respecto al cambio de permiso de uso de suelo, indicó que han sido negados tres veces por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo el argumento de que Vivo Resorts está en una zona comunal y tiene conflictos con la comunidad; sin embargo, se desmintió categóricamente.
Aseguró que la demolición de los inmuebles es un procedimiento legal y confían en el sistema judicial mexicano, para que se desahogue un juicio justo.
El delegado de la Profepa, Nereo García, aseguró el hotel Vivo Resort e inició una investigación a directivos y administradores por posible comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
TE RECOMENDAMOS: Anuncian castigo para quien tire basura en calles de Oaxaca
Además, impuso el pago de una multa equivalente a 48 millones de pesos, contra un proyecto de hotel de playa que se construyó sin autorización.
Indicó que derivado de estas omisiones un juez federal ordenó la demolición inmediata de las obras construidas sin autorizaciones de ley en un ecosistema de playa en la localidad de Bajos de Chila, perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec.
Añadió que anteriormente la empresa fue investigada por la Profepa, el Poder Judicial y la PGR debido a que incumplió con normas oficiales y ocasionó daños al medio ambiente en las costas de Oaxaca.
Al momento de notificar a la empresa sobre el inicio del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, se detectó que los sellos impuestos por la autoridad fueron removidos ilegalmente, lo que puede ameritar una pena de hasta 12 años de prisión.
FLC
