De los 72 casos reportados hasta el momento por violencia política en razón de género sólo hay dos personas del Estado de México con sanciones firmes en el Registro Nacional del INE, en los demás casos se ha desestimado la denuncia o sigue litigándose en los tribunales.
Con base en los registros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el año pasado tuvieron conocimiento de 72 casos de posible violencia política en la entidad. En 60 por ciento de los casos el o la probable agresora pertenece a algún partido político o es funcionario municipal.
No obstante hasta el momento sólo se ha sancionado a dos periodistas por comentarios hechos en sus artículos de opinión y como lo marca la ley, son exhibidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género (VPRG).
Al menos cinco casos de 2021 siguen en trámite. En la mayoría de expedientes los tribunales, ya sea el local, la Sala Toluca o la Sala Superior han desestimado las acusaciones, con una clara diversidad de criterios; en algunos casos se han tenido que reponer procedimientos y se han revocado las sanciones impuestas por la autoridad previa.
El primer caso
El primer caso de este 2022 es el registrado en contra de la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien no ha podido ingresar al palacio municipal porque pobladores y simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano lo tiene tomado desde el 1 de enero para evitar que ejerza sus funciones.
La presidenta municipal denunció que fue golpeada y fue atendida en un hospital debido a que le rociaron gas lacrimógeno cuando acudió al ayuntamiento a dialogar con el síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz, con quien ha tenido diferencias desde que ella decidió cambiarse de partido.
“Fui al Palacio para dialogar, pero el síndico me agredió con un golpe en la cara y ordenó que me mataran a golpes, me tiraron al suelo, sentí un líquido en el rostro y perdí el conocimiento, hasta que desperté con oxígeno y suero en el hospital”, indicó.
Como la violencia en su contra ha sido reiterada pidió protección personal y ayuda para recuperar el municipio, como legalmente corresponde.
¿Y a nivel nacional?
En el registro nacional del INE hay 150 personas sancionadas por VPRG, de las cuales 25 son mujeres y 125 hombres.
Destaca Oaxaca con 41 castigos, seguida de Veracruz con 27, Baja California con 17 y los estados de Chiapas, Quintana Roo, Sonora y Tabasco con siete cada uno.
Están 34 alcaldes, 28 regidores y 10 periodistas, como los tres sectores que más faltas han cometido en contra de las mujeres.
Permanecerán en el registro tres años si la falta fue leve, cuatro si es ordinaria, cinco si es especial y seis si hay reincidencia. Durante ese tiempo no pueden participar en algún proceso electoral, ni ser electos como funcionarios de representación popular.
Es una agravante que la violencia la cometan personas servidoras públicas, aspirantes a una candidatura independiente, pre o candidatos y profesionales de la comunicación. Igualmente cuando se ejerza en contra de una mujer de un pueblo o comunidad indígena, afromexicana, de la tercera edad, de la diversidad sexual o con discapacidad.
#DíaNaranja ????
— IEEM (@IEEM_MX) December 25, 2021
Los servidores públicos del IEEM se suman para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. pic.twitter.com/CXDW540LSr
¿Qué es este tipo de agresión?
Legalmente la violencia política de género es todo acto u omisión, incluida la tolerancia, basadas en elementos de género, en la esfera pública, con el objeto de anular, limitar o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Se expresa al obstaculizar sus campañas, discriminarlas por estado de embarazo, ejercer violencia de cualquier topo, restringir o anular su derecho al voto libre y secreto, amenazarlas, intimidarlas; impedirles el ejercicio de sus funciones, imponerle actividades estereotipadas, entre otras acciones que las limiten.
KVS
